La pugna por la inmigración da la puntilla a la relación entre PP y Vox en Castilla y León

La manera de afrontar el fenómeno de la inmigración es una de las grandes disyuntivas del mundo actual y se ha convertido en el gran caballo de batalla político en Europa y en el mundo. Una importante problemática que ha terminado afectando de lleno también a la política de Castilla y León durante los últimos meses.

La relación entre el Partido Popular y Vox, que inauguraron en la Comunidad en marzo de 2022 el primer Gobierno entre ambas formaciones en España, se ha visto profundamente erosionada por sus diferencias sobre esta cuestión y las tensiones por la inmigración han terminado por romper todos los puentes entre ambos partidos.

La ruptura del Ejecutivo de coalición entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Burgos, producida este viernes tras el rechazo de los de Santiago Abascal a los presupuestos municipales, ha sido el último episodio de una serie de desencuentros que llevan minando la relación entre ambos partidos desde comienzos de este año.

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Una eclosión, la primera en un ayuntamiento gobernado por ambos en España, que se debió a la negativa de la alcaldesa, la popular Cristina Ayala, a aceptar la eliminación de 190.000 euros en ayudas a las ONG que atienden a inmigrantes, medida que en un inicio aceptó pero que terminó rectificando.

La ruptura de Burgos, que ha puesto en el punto de mira al pacto en Valladolid, la otra gran capital de la Comunidad que PP y Vox gobiernan en coalición, se suma a la separación a nivel autonómico, en el mes de julio, tras la aceptación por parte de los populares del reparto de menores inmigrantes propuesto por el Gobierno.

La inmigración, pues, se ha convertido en el mayor elemento de separación entre dos partidos que, además, se encuentran cada vez más enfrentados en las Cortes, en las que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene choques más duros con el portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, que con el socialista Luis Tudanca.

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Posturas antagónicas

Se trata de una problemática en la que ambas formaciones mantienen posiciones contrapuestas, ya que los populares siempre se han mostrado favorables a este fenómeno y, de hecho, fue bajo el Gobierno de José María Aznar, a finales de los 90, cuando llegaron las primeras oleadas migratorias masivas a España.

De hecho, en el año 2000, bajo el Gobierno de Aznar, de un total de 272.482 peticiones de regularización de inmigrantes, fueron concedidas 264.153, un 96,94%, siendo la mayor tasa de aceptación de solicitudes de todos los procesos extraordinarios de regularización de extranjeros en situación irregular en España.

En sus ocho años al frente del gobierno, entre 1996 y 2004, Aznar facilitó los permisos de trabajo y residencia a un total de 524.621 inmigrantes no comunitarios.

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Vox, por su parte, en la línea de otras formaciones nacionalpopulistas europeas, ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal y masiva uno de sus principales caballos de batalla políticos, algo que ha aumentado aún más si cabe tras su unión al grupo Patriotas por Europa, dirigido por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

A nivel nacional, el PP apoyó este mismo verano una iniciativa legislativa popular para regularizar a 500.000 inmigrantes irregulares, una medida que fue apoyada por todos los grupos del Congreso de los Diputados menos por Vox, y los populares tumbaron la enmienda a la totalidad de los de Santiago Abascal.

La diputada de Vox, Rocío de Meer, acusó entonces a los populares de "fomentar el efecto llamada" mientras que la diputada del PP Sofía Acedo cargó contra Vox por "instrumentalizar" la inmigración. Una tensión a nivel nacional que se replicó en Castilla y León. 

Ricardo Ordóñez Ical

El polvorín de Burgos

La ruptura en Castilla y León

La ruptura del pacto de Gobierno autonómico, en julio de este año, vino motivada por el cada vez mayor distanciamiento entre PP y Vox por la cuestión migratoria, con un incrementó de tensiones que desembocó en la eclosión tras la aceptación del reparto de menas del Ejecutivo central por parte de la Junta.

Gallardo ha acusado en más de una ocasión a Mañueco de no haber sido "fiel a su palabra" y de "no tener honor" por haberse comprometido en el acuerdo entre ambos partidos de marzo de 2022 a fomentar la "inmigración ordenada" y a "combatir a las mafias del tráfico ilegal de personas" y no haberlo cumplido.

Por su parte, los populares han defendido en todo momento que Castilla y León es una tierra "solidaria y acogida" y se han mostrado favorables a acoger a "los niños y niñas vulnerables", en referencia a los menores inmigrantes, además de defender las aportaciones de la inmigración a la sociedad de la Comunidad.

Las tensiones a este respecto entre ambos partidos en Castilla y León se recrudecieron desde la campaña de las elecciones europeas del pasado 9 de junio, en la que Gallardo endureció su discurso, hablando de "moros violentos" y alertando de la inseguridad que, a su juicio, genera la inmigración masiva en los pueblos y barrios.

Además, denunció la "islamización" en los pueblos de la provincia de Palencia, habló de una "invasión migratoria de varones en edad militar" tras la llegada de inmigrantes a Medina del Campo, cargó contra los "moros violentos" tras una agresión en Salamanca y rechazó la llegada de inmigrantes a un hotel en Villaquilambre.

Unas aseveraciones que fueron rechazadas en todo momento por los miembros del PP en el Gobierno de la Junta, que desautorizaron al entonces vicepresidente, y las fricciones fueron en aumento hasta desembocar en la salida de Vox del Ejecutivo, por orden de Santiago Abascal y a la vez que en el resto de gobiernos de España.

Tensiones en Burgos

En el Ayuntamiento de Burgos, la relación entre PP y Vox también se ha visto especialmente tensionada durante los últimos meses a cuenta de la inmigración, con un incremento de las fricciones que han terminado desembocando este viernes en la expulsión de los concejales de Abascal del equipo de Gobierno municipal.

El pasado 5 de junio, Vox, que controlaba el área de Seguridad del Consistorio, trató de ordenar a la Policía Local perseguir los empadronamientos ilegales de inmigrantes en la ciudad.

Una iniciativa de la que se desmarcó de forma clara desde un inicio la alcaldesa de la capital burgalesa, la popular Cristina Ayala, que recordó que ella es la única "autoridad" sobre los agentes y aseguró que los populares no compartían la mayor parte de los puntos de la iniciativa.

La alcaldesa recordó, además, que los policías locales "ya hacen parte de esa actividad", las que les corresponden "con sus competencias", porque estas competencias "no le corresponden a la Policía Local si no a la Policía Nacional".

Además, Ayala aseguró que el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Burgos y la alcaldesa no estaban "de acuerdo con varias de esas acciones" propuestas por Vox.

Unas aseveraciones que hicieron reaccionar al entonces vicepresidente de la Junta y actual portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, que recordó a Ayala, su dependencia de su partido para mantener el bastón de mando de la ciudad.

"No olvides que eres alcaldesa gracias a Vox y que nuestros votos no son gratis. Hay que actuar contra la inmigración ilegal", afirmó, anticipando lo que sucedería solo cinco meses después en el Ayuntamiento burgalés.

Los presupuestos y la ruptura

La polémica que ha llevado a la ruptura se inició el pasado 7 de noviembre, cuando el PP aceptó la imposición de Vox de eliminar las ayudas a las ONG que trabajan con inmigrantes en la ciudad, Accem, Burgos Acoge y Atalaya Intercultural, con la excepción de Cáritas, que rechazó su subvención si no la recibían las otras tres.

La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, reconocía que la supresión de estos tres convenios de colaboración respondían a una "petición" de Vox al PP para dar su apoyo a los presupuestos municipales para 2025 y aseguraba que, de haber gobernado en solitario, los populares no hubieran impulsado la medida.

"No estamos de acuerdo ya que estas tres entidades de migración hacen una muy buena labor en la ciudad de Burgos", dijo, y agregó que "el borrador de presupuestos no es el ideal pero es una negociación entre ambos partidos y por nuestra parte lo aceptamos para que el presupuesto salga adelante".

La iniciativa desató una oleada de indignación de una parte de la sociedad burgalesa, demostrada en la convocatoria de cientos de personas en la Plaza Mayor de Burgos exigiendo al equipo de Gobierno que rectificara esa decisión y mostrando su apoyo a las ONG que trabajan con inmigrantes en la ciudad.

Durante la concentración, los asistentes enarbolaron pancartas con lemas como 'Todos somos inmigrantes', 'Ningún ser humano es ilegal', 'Burgos es multicultural', 'No a los recortes, si a la convivencia' o 'Equipo de Gobierno, aún estás a tiempo', rechazando la decisión de recortar las ayudas a esas organizaciones.

Horas después de la manifestación, el PP anunció que rectificaba la medida y la alcaldesa, Cristina Ayala, anunciaba que no haría caso a la presión de Vox e incluiría en los presupuestos de 2025 partidas para Accem, Atalaya Intercultural y Burgos Acoge.

"Vamos a volver atrás esa decisión. Hemos entendido que es necesario volver atrás esa decisión y que los convenios con las tres ONG sigan en la misma condición que estuvieron en el 2024", afirmó Ayala, después de que la Junta también se pronunciase mostrando todo su apoyo a las organizaciones que atienden a inmigrantes.

"He visto que era necesario rectificar esta decisión, porque estoy convencida de la tarea que realizan esas asociaciones para que Burgos sea más tolerante, diverso y que haya una mejor convivencia", añadió, asegurando que el PP había venido para "hacer un Burgos mejor, nunca para enfrentar".

Al día siguiente, el líder de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, reaccionaba a esa rectificación y acusaba al PP de ser "un partido progre" y "no ser de fiar" por la rectificación del recorte a las ONG.

"El PP no es de fiar, no tiene palabra, no representa a sus votantes, es un partido progre más que es partícipe de la agenda woke, está a favor de una política de fronteras abiertas y estamos en desacuerdo, afirmó.

El portavoz de Vox denunció, además, que la "inmigración descontrolada" es "uno de los mayores retos que afronta la sociedad española en el presente y en los próximos años". "Consideramos que hay que anticiparse a que este problema no tenga solución", aseguró.

Además, resaltaba que el patrimonio principal de Vox es "la coherencia y la valentía". "En las Cortes actuamos guiados por esos principios y esperamos que el resto de cargos hagan lo mismo", zanjaba, lanzando una advertencia a los dirigentes de la formación en Burgos.

Solo cuatro días después de estas declaraciones de Gallardo, Vox votaba en contra de la enmienda del PP a los presupuestos en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos, dejando entrever su votación final en el pleno de este viernes, y el Gobierno de coalición quedaba aún más en el aire.

La situación se calentó aún más con las pintadas que aparecieron en las sedes de Accem, Cáritas, Burgos Acoge y Atalaya Intercultural este martes, con lemas como 'Más Valencia y menos Nigeria' o 'Españoles primero', y en las que además se pintaron esvásticas.

Las mismas fueron rechazadas por unanimidad por todos los grupos y Vox Burgos aseguró que la violencia y el vandalismo "no son la solución a los problemas que enfrentamos como sociedad".

El mismo martes, el presidente provincial del PP de Burgos, Borja Suárez, lanzó un órdago a su socio de gobierno en la capital burgalesa, Vox, y le dijo que "si quiere romper, que rompa", después de su voto en contra de la enmienda de los populares en la Comisión de Hacienda del Consistorio.

Con todo, la alcaldesa no perdió la esperanza de poder mantener el pacto y este mismo miércoles aseguraba que trabajaba para mantener el acuerdo de Gobierno con Vox en la ciudad asegurando que "da estabilidad", anunciando, además, que se encontraba en conversaciones con su socio para negociar su apoyo a las cuentas.

El ya exvicealcalde de Burgos, Fernando Martínez-Acitores, aseguró que su formación había retomado las negociaciones con el PP de cara al debate y votación de los presupuestos autonómicos de este viernes aunque aseguró que "si no cambian las cosas" su sentido de voto contrario a las cuentas estaba "decidido".

Además, aseguró que "el sentido común" dictaba que si no había acuerdo para aprobar los presupuestos, el pacto de Gobierno se rompería.

Un vaticinio del portavoz de Vox en el Ayuntamiento que, finalmente, se cumplió este viernes ya que el voto contrario a los presupuestos condujo a la inevitable ruptura del pacto entre PP y Vox en Burgos después de año y medio de Ejecutivo de coalición.

Las Cortes y Valladolid

Además, desde que se inició el periodo de sesiones en las Cortes, en el mes de septiembre, y Vox estrenó su nuevo papel de oposición, los choques a cuenta de la inmigración en la Cámara autonómica entre los populares y sus exsocios han sido constantes y los de Gallardo llevan cada vez más la voz cantante opositora.

En el pleno de esta semana, Mañueco defendió su política de inmigración "solidaria" y el apoyo a las ONG que atienden a los inmigrantes tras la polémica desatada en Burgos y calificó de "imprescindible" la labor que desempeñan esas organizaciones.

Por su parte, el portavoz de Vox le recordó su compromiso con la "inmigración ordenada" en el acuerdo que ambas formaciones firmaron en marzo de 2022 y el presidente de la Junta sacó pecho de que su Gobierno "acoge a los niños y niñas que vienen de otros países".

"Es usted una persona sin palabra y sin honor, y tiene la misma facilidad para cambiar de opinión que Pedro Sánchez, afición que comparte con la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, del PP", afirmó Gallardo, mientras que Mañueco le acusó de "demonizar a las ONG y a las personas".

Unos choques a cuenta que se han vuelto habituales en los plenos, ya que el portavoz de Vox ha acusado al PP de ser "cómplice de las mafias del tráfico ilegal de personas" y de apoyar políticas de "fronteras abiertas", al igual que el PSOE, mientras que los populares han defendido su apoyo a la inmigración.

La reciente ruptura en Burgos, además, ha puesto en el punto de mira el Gobierno municipal de coalición entre PP y Vox en Valladolid, el único que queda en pie en una capital de provincia de Castilla y León, y que el próximo lunes vivirá una importante prueba de fuego.

En el pleno previsto para el próximo lunes del Consistorio se debatirán dos cuestiones que son caballos de batalla de Vox como el apoyo a las ONG que atienden a inmigrantes o la violencia de género, en las que se podrían dejar entrever las grietas en la relación entre ambas formaciones en la capital vallisoletana.

Por ahora, la relación entre PP y Vox en Valladolid ha sido más pacífica que en Burgos, ya que Irene Carvajal ha sido menos combativa que Fernando Martínez-Acitores en la cuestión migratoria, pero la teniente de alcalde ha advertido en más de una ocasión que no dudaría en romper el pacto si la dirección del partido se lo ordenase.

La pugna por la inmigración, pues, ha dado la puntilla al antiguo idilio entre PP y Vox en una comunidad, Castilla y León, en la que los de Santiago Abascal entraron en un Gobierno por primera vez en su historia y que ahora se ha convertido en un auténtico campo de batalla entre dos partidos cada vez más enfrentados.