El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a su llegada a la segunda sesión del pleno de las Cortes, este miércoles

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a su llegada a la segunda sesión del pleno de las Cortes, este miércoles Miriam Chacón

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Las Cortes exigen al Gobierno "diálogo" con el sector turístico para acordar un nuevo modelo de registro de viajeros

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Las Cortes de Castilla y León han aprobado en el pleno de este miércoles por amplia mayoría una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Popular que instaba a la Junta a dirigirse al Gobierno para que abra un proceso de "diálogo" con el sector turístico para consensuar "un nuevo modelo de registro documental".

Una iniciativa que ha contado con 50 votos favorables de PP, Vox, UPL-Soria YA y Por Ávila y la abstención del Grupo Socialista, Pablo Fernández, de Unidas Podemos, y Francisco Igea.

El popular Pedro Antonio Heras ha asegurado que los responsables de los establecimientos, agencias de viaje o empresas de alquiler de vehículos no son “policías” por lo que ha criticado "que se les trasladen unas responsabilidades que no le corresponden".

Además, el procurador ha advertido de que "es imposible recabar y certificar la autenticidad de algunos datos que se exigen sobre los clientes, así como su conservación durante al menos tres años". 

El socialista José Ignacio Martín Benito ha expresado su sorpresa por la iniciativa del PP cuando en su opinión el diálogo del Gobierno con el sector "ha sido y es permanente" y ha añadido que las aportaciones han estado en consulta pública.

Además, ha negado que se haya "colapsado" el sector, las invasión en la intimidad y preguntó sobre los "efectos perniciosos" del nuevo registro documental. 

El procurador de Vox Iñaki Sicilia ha asegurado que el "camarada Marlaska" pretende vigilar con esta "tropelía" a los ciudadanos en lo que consideró "un ataque a la libertad". "Están cruzando todas las líneas", ha denunciado.

Juan Antonio Palomar, de Soria Ya, ha exigido que cualquier regulación, aunque sea "bien intencionada" debe surgir del "consenso y la colaboración" con el sector turístico para que siga siendo un "motor" económico para el país y "no se ponga en riesgo su sostenibilidad".

Finalmente, el procurador Francisco Igea ha cuestionado la iniciativa del PP por plantear un "proceso de diálogo" en lugar de pedir "la retirada" del registro obligatorio de datos de los viajeros. "No sabemos lo que quieren ustedes", ha zanjado, justificando así su abstención.