Marco Antonio Manjón ha presentado esta mañana su carta de salida de Podemos Burgos, como militante y miembro del Consejo Ciudadano Municipal, y señala a la dirección de la formación morada en los ámbitos local y autonómico por coartarle sus “derechos”, al notificarle la decisión de abrirle expediente y de suspenderle de manera cautelar con 51 días de retraso.

A ello se une “la divergencia de visión política en cuanto a la forma de entender la participación ciudadana y el concepto de nueva política”, explica en la misiva.
Entiende, por estos motivos que no puede seguir participando “en una organización que ha dado un giro brusco a las expectativas” que motivaron su nacimiento y su compromiso de participación con ella, recuerda.

En la carta explica que el pasado 24 de julio recibió la notificación de la decisión tomada el día 3 de junio de 2018 por el Consejo Ciudadano Autonómico de suspenderle cautelarmente de militancia y abrirle expediente. Sin embargo, pasaron 51 días entre la toma de la decisión por los órganos regionales y la notificación entregada a Manjón, lo que entiende “vulnera” sus derechos como militante al impedirle presentar un recurso de amparo ante el comité estatal de garantías.

Expresa este argumento dado que en el caso de que se le hubiera eximido de las acusaciones de incumplimiento, el retraso en la resolución le ha impedido la posibilidad de presentarse a los procesos de primarias de septiembre y le cierra la posibilidad de someter a la Asamblea Municipal su evaluación y a que las personas inscritas en Podemos Burgos puedan expresarse sobre su persona. En su día, recuerda Manjón, fue elegido como miembro del Consejo Ciudadano de Burgos dos veces sucesivas.

El ya ex militante de Podemos apunta que lo ocurrido con él es una acción más de la larga lista de “situaciones incomprensibles relacionadas con la gestión de la organización Podemos en Burgos”. Apunta a “la pérdida continuada de participación” de los inscritos “el desprecio a la Asamblea Municipal; las “reiteradas actuaciones de abuso de autoridad” y el menoscabo “a los procesos participativos”.