Herrera aboga por una "urgente" reforma del sistema de financiación autonómica
Así lo ha reseñado durante la inauguración de las jornadas anuales de los presidentes de los tribunales superiores de justicia que se desarrolla en el Palacio de Justicia de la capital burgalesa hasta el próximo miércoles, 10 de octubre, y en la que ha participado también el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
Herrera ha recordado que en 2012 se alcanzó un gran pacto con todos los actores judiciales y jurídicos de Castilla y León que fijaba las condiciones necesarias para la asunción de las competencias judiciales, entre las que destacaba la consideración de que solo una financiación adecuada podía dar sentido a la asunción de la misma.
Pese a ello, ha explicado que esta cuestión "nunca" fue asegurada y a ella tampoco ha contribuido el "fallido" sistema de financiación autonómica, toda vez que ha remarcado que ni siquiera se garantizan los recursos suficientes para cubrir los servicios básicos.
A pesar de no haber asumido nunca las competencias judiciales, Juan Vicente Herrera ha destacado el posicionamiento de la Junta en este ámbito, propiciando acuerdos de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Ministerio Fiscal.
Defensa del poder judicial
Juan Vicente Herrera ha aprovechado su intervención en la cita anual para defender el poder judicial como "esencia" de un sistema democrático y ha definido a los tribunales superiores de justicia como "una parte esencial" del modelo autonómico español, un modelo que, según ha dicho, ha que reivindicar en la actualidad coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución y el 35 aniversario del Estatuto de Autonomía.
Herrera ha remarcado que la importancia del poder judicial se pone de manifiesto, por ejemplo, a través de cada una de las resoluciones que dictan los más de 5.500 jueces y magistrados que lo integran a nivel nacional.
Por ello y ante los desafíos de "enorme magnitud" a los que se enfrenta en la actualidad, como el terrorismo internacional, la corrupción política y económica, los delitos de violencia de género y los ataques a la unidad de España, Herrera ha puesto en valor el principio de soberanía nacional, del que emanan los poderes del Estado, entre ellos el judicial.
Finalmente, el presidente de la Junta ha advertido sobre la tentación de los actores políticos de usar los procesos y resoluciones judiciales como argumento de confrontación partidista y de ataque y ha insistido en que se debería desterrar dicha politización en aras de la dignidad y la eficacia de las instituciones.
"La legalidad democrática debe estar por encima de las opciones políticas"
La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, ha insistido este lunes en que la legalidad democrática debe estar por encima de las diferentes opciones políticas, durante la reunión anual de presidentes de tribunales de justicia de que se celebra en Burgos hasta el próximo miércoles, 10 de octubre.
Clemente ha destacado que la separación de los poderes constituye la "esencia" del Estado de Derecho y ha remarcado que sólo se garantiza su existencia cuando las instituciones mantienen una división efectiva de la misma.
Por ese motivo, la presidenta de las Cortes ha recalcado la importancia de que cada institución ocupe el lugar que le corresponde dentro del marco constitucional y el juego democrático y ha asegurado que, en el caso del poder legislativo, los parlamentos no deben olvidar que su función "primordial" es representar a la ciudadanía.
La presidenta de las Cortes Autonómicas ha señalado que en un Estado de Derecho, como el español, los titulares del poder político pueden adoptar en ocasiones decisiones que vulneran el ordenamiento jurídico y la Constitución, si bien ha insistido en que frente a ello se encuentra el Tribunal Constitucional y los órganos que integran el poder judicial.
Clemente, y en alusión a la cuestión de Cataluña, ha reiterado que en los últimos meses se ha vulnerado lo dispuesto en la Constitución y ha lamentado que, un año después del referéndum de autodeterminación, el Parlamento de Cataluña no haya recuperado la normalidad institucional.
La legalidad democrática, según ha matizado la presidenta de las Cortes, debe estar por encima de las diferentes opciones políticas que cada uno quiera defender, de forma legítima y a través de los cauces que brindan las leyes.