El presidente de la CEOE exige en Burgos respeto para los empresarios y pide a la clase política romper con el radicalismo

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, reclamó hoy al próximo gobierno respeto para los empresarios y aseguró que las críticas recibidas por parte de miembros del actual Ejecutivo han sido un “error grave, dado que no se nos puede acusar de ser el problema, cuando somos la solución”.

Además, reconoció que echa de menos la “lealtad institucional” y argumentó que una de las claves para que avance el país es que la clase política rompa con el radicalismo para evitar que el poder no se traslade a los extremos. “La gente de la calle no es así y la gran mayoría se sitúa en un espacio de moderación”.

Garamendi, que realizó estas declaraciones durante una ponencia ofrecida en el curso ‘Prensa y Poder’, seminario que arrancó hoy en la Ciudad de la Educación San Gabriel, en La Aguilera (Burgos), también indicó que España no puede admitir tener tres millones de parados cuando faltan miles de trabajadores en sectores como la construcción o la hostelería.

El presidente de la CEOE, que tuvo que impartir la conferencia de forma telemática por haber dado positivo por COVID, también reclamó al Gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio, “rigor presupuestario y ortodoxia económica”. En este sentido, recordó que mientras en el año 2008 el problema era la deuda privada, ahora el lastre económico ha pasado a ser la deuda pública, que ha subido hasta el 113 por ciento del PIB, con un déficit que este año cerrará en el 4,5 por ciento.

A su vez, exigió al próximo Ejecutivo que contribuya a crear un escenario de “tranquilidad”, algo básico para facilitar el crecimiento económico y rechazó anuncios como el realizado por la ministra de Trabajo y candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, que planteó dar 20.000 euros a los jóvenes cuando cumplan la mayoría de edad para que pueden emprender o formarse. Para el presidente de los empresarios, esta medida, “que no sabemos para qué valdría”, tendría un coste de 9.000 millones de euros, igual a la suma de los presupuestos de los ministerio de Educación y Sanidad. “¿Qué nos están contando?”, se preguntó.

Además, explicó que las empresas privadas han hecho los deberes y resaltó que el acuerdo salaria alcanzado con los sindicatos servirá para que la paz social, un factor fundamental para el crecimiento económico, sea una realidad hasta 2025. “El problema ahora no está en lo privado, está en lo público: en Correos, en la judicatura, en la sanidad y en la Policía Nacional y en la Guardia Civil, que reclaman incrementos salariales, por lo que ahora es necesario gestionar mejor lo público y que no se nos achaque de todos los problemas a los empresarios”, aseveró.

A su vez, sobre las críticas lanzadas por miembros del gobierno, “con nombre y apellidos”, contra ciertos empresarios, Garamendi indicó que se trata de un comportamiento propio de dirigentes de algunos países de América del Sur que lo único que produce es incertidumbre en los inversores extranjeros.

Optimismo

En su intervención, además de aseverar que los empresarios “somos hijos de la democracia y no nietos de la guerra”, también lanzó un mensaje de optimismo y argumentó que España tiene un gran potencia con el que puede “llegar muy lejos”, pero reclamó que es necesario incrementar el gasto en innovación para llegar a niveles europeos, a la vez que puso el acento en la formación para adecuar la oferta con la demanda empresarial y adaptar a los nuevos retos: digitalización, sostenibilidad, economía circular e igualdad.

Así, Garamendi afirmó que España no se puede permitir un déficit de 25.000 profesionales en ciberseguridad o de 100.000 titulados en las denominadas carreras STEN -ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas-, y que solo el 12,5 por ciento de los titulados en estas materias sean mujeres. También consideró clave apostar por la Formación Profesional Dual.

Por último, también reclamó al nuevo Gobierno, así como a las autoridades europeas, una simplificación de los trámites burocráticos a la hora de crear una empresa, “ya que todos nos ahorraríamos tiempo y dinero”.