Una reacción del Gobierno de España que llega solo un día después de que el vicealcalde de Burgos, Fernando Martínez-Acitores, y el concejal de Seguridad y Emergencias del Consistorio burgalés, Ignacio Peña, ambos de Vox, anunciasen la puesta en marcha de ocho medidas para combatir los empadronamientos ilegales de inmigrantes en viviendas de la capital burgalesa.

Según afirmó el vicealcalde, el objetivo era ordenar a la Policía Local que persiga el empadronamiento ilegal a través de inspecciones periódicas por parte de los agentes, en colaboración con las autoridades municipales, para verificar la veracidad de la información que se haya proporcionado en los registros de empadronamiento y que la persona realmente reside en ese domicilio.

Además, anunció que los agentes de la Policía Local de Burgos colaborararían con los Servicios Sociales, además de con otros organismos competentes en materia de inmigración, para "compartir información relevante" y "coordinar los esfuerzos en la detección y prevención" de estas situaciones. También anunciaron que se impulsarán canales de "denuncia anónima" en los que los ciudadanos podrán informar sobre casos de empadronamiento ilegal que conozcan.

Martínez-Acitores aseguró que la iniciativa cuenta con el visto bueno de la parte del PP del Gobierno municipal, dirigida por la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, y señaló que el problema de los empadronamientos ilegales de inmigrantes es un problema que se está produciendo "en toda España" y que les han llegado "quejas" en la ciudad. Pero los populares han dejado entrever su incomodidad con el anuncio. 

Ayala se desmarca de la medida y recuerda que es ella quien da instrucciones a la Policía Local

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, se ha desmarcado este jueves de la medida anunciada por Vox y ha recordado que según la normativa básica de la Ley de Coordinación de Policías Locales y la Ley de Bases de Régimen Local "es el alcalde la autoridad máxima que dirige y da las instrucciones a la Policía Local". 

Ayala ha asegurado que la iniciativa de Vox viene de una proposición que, en un momento determinado, en el mes de mayo, la formación intentó llevar pleno y que no acabó entrando porque no dio tiempo a que entrase en el pleno ordinario. "En ese momento se quiere llevar por urgencia, no se considera un tema urgente y por tanto no se lleva el tema", ha afirmado.

La alcaldesa ha recordado que los policías locales "ya hacen parte de esa actividad", las que les corresponden "con sus competencias", porque estas competencias "no le corresponden a la Policía Local si no a la Policía Nacional". "La colaboración entre distintas administraciones públicas ya se da. Por tanto, la primera autoridad y la autoridad máxima en Policía Local es la alcaldesa, esto viene de una proposición y tiene ciertos tintes electoralistas al acercarse las elecciones europeas y lo que piden, en parte, no es competencia de la Policía Local", ha afirmado.

Además, Ayala ha asegurado que el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Burgos y la alcaldesa "no están de acuerdo con varias de esas acciones" propuestas por Vox. 

La Junta de Castilla y León, por su parte, ha preferido no mojarse y el portavoz del Gobierno autonómico se ha limitado a señalar, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que "es la posición de un grupo político en una institución local". "Hay varios planteamientos pero tendrá que ser esa administración la que lo resuelva", ha zanjado.

De la Rosa pide a Ayala que "frene" a su socio

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Burgos, la principal fuerza de la oposición, también ha reaccionado contra la medida pretendida por Vox y su líder, el exalcalde Daniel de la Rosa (2019-2023) ha pedido a la regidora, la popular Cristina Ayala, que "frene" a Vox. De la Rosa ha considerado que esta iniciativa es "un despropósito" y ha considerado que va dirigida a "retirar las ayudas a las que podrían tener derecho" los inmigrantes". "Es una vergüenza y no tiene competencias para hacerlo", ha afirmado.

También la concejal del PSOE Sonia Rodríguez ha asegurado que las medidas propuestas "estremecen" y muestran "desconocimiento" y ha hecho hincapié en que "no hay empadronamientos ilegales". Además, ha pedido que no se mezcle la situación irregular de los migrantes con los empadronamientos ilegales.

La edil socialista ha recordado que la Ley de Bases del Régimen Local obliga al empadronamiento y ha elogiado el trabajo "riguroso" que realiza el servicio de Estadística del Ayuntamiento y que ha sido "puesto en cuestión" por una propuesta "electoral" de Vox. Una sonada polémica a cuenta de la inmigración en una de las principales capitales gobernadas por PP y Vox a solo tres días de las elecciones europeas.