Castilla y León
Los 31 municipios mineros de Castilla y León se beneficiarán de los fondos de Transición Justa
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha revisado los criterios para delimitar los Convenios de Transición Justa basándose en el impacto de los cierres de centrales térmicas y minería del carbón.
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, remitió el pasado mes de junio una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que pedía al Gobierno de España que la totalidad de los municipios de Castilla y León muy afectados por la minería del carbón, 24 de la provincia de León y siete de la provincia de Palencia, estén incluidos en la propuesta de zonificación del Ministerio para la delimitación territorial de los Convenios de Transición Justa.
Atendiendo al criterio de la Junta, el Gobierno incorpora a los 13 municipios mineros de la Comunidad, inicialmente excluidos a los Convenios de Transición Justa. En concreto estos ayuntamientos son Cistierna, Sabero, San Emiliano, Valdepiélago, Valderrueda, Valdesamario, Vegacervera y Villagatón, en la provincia de León, y Barruelo de Santullán, Castrejón de la Peña, Cervera de Pisuerga, La Pernía y Santibañez de la Peña, en la provincia de Palencia.
La exclusión de estos municipios obedecía al criterio de adoptar la fecha de 31 de diciembre de 2018 para evaluar el impacto del cierre de la minería del carbón, sin tener en consideración que numerosas explotaciones mineras de la Comunidad cerraron antes de esa fecha como consecuencia de la Decisión Comunitaria 2010/787/CE para las explotaciones receptoras de ayudas al cierre durante el periodo 2010-2018.
Así, la Junta reclamó la aplicación, como criterio corrector, del ámbito municipal establecido en el Real Decreto 675/2014 como imprescindible para dar solución a la inclusión de los 31 municipios mineros de Castilla y León en los Convenios de Transición Justa, instrumentos recogidos en el Plan Estatal de Acción Urgente 2019-2021, para el mantenimiento del empleo afectado por el cierre de las explotaciones mineras, y que servirán de base a los Planes Territoriales de Transición Justa que debe desarrollar cada estado miembro para optar a recibir Fondos Comunitarios para este fin.
