La polémica sobre la idoneidad o no de la instalación de macrogranjas vuelve a primera plana informativa, en este caso en un municipio leonés de Burgo Ranero. Este pueblo de 720 habitantes se moviliza contra un proyecto que prevé instalar dos macrogranjas de porcino con más de 7.000 madres reproductoras de cerdos que, según informa la Agencia Ical, se ubicarían en fincas de labor que serían transformadas en naves industriales de producción masiva de carne.

En este sentido, el alcalde del municipio, el socialista, Gerásimo Vallejo, asegura que "toda la corporación municipal y el pueblo están en desacuerdo con estas infraestructuras". De hecho, han creado una plataforma llamada 'Payuelo Libre' para frenar la implantación de estas explotaciones de animales en su entorno.

En declaraciones del alcalde a este periódico, "una empresa de ingeniería agrícola ha metido este proyecto en el Ayuntamiento, y están sondeando la zona a ver dónde se lo aceptan. Están echando la caña a ver quién pica".

No obstante, Vallejo indica que "si la Junta de Castilla y León y la Diputación de León lo ven viable, el Ayuntamiento no puede hacer mucho más". Un municipio, el de Burgo Ranero, que no dispone de explotaciones porcinas, estando la más cercana en Villamoratiel de las Matas, de carácter familiar.

Visión que comparte Izquierda Unida de León, que considera que la llegada de estas macrogranjas supondría un "impacto medioambiental" en la zona.

Se trata de un asunto controvertido que genera diferentes opiniones en torno a la denominada ganadería intensiva, que no cuenta con una Ley que determine a partir de cuántas cabeza de ganado una explotación pasa de ser familiar a considerarse macrogranja.

"Son explotaciones que apenas generan empleo"

El presidente de COAG León, Poli Castellanos, considera que el principal problema es no tener definido el concepto de macrogranja, porque una unidad familiar necesita por lo menos "700 cabezas de ganado para poder vivir".

Castellanos cree que se está "manipulando a la sociedad desde un marketing emocional que ha llevado a la gente a humanizar a los animales hasta el punto de dejar de lado los intereses de las personas".

"Cuando se hace un proyecto de macrogranja hay unas leyes locales, autonómicas, nacionales y europeas de bienestar animal y de control del medioambiente que hay que llevar a cabo para que te aprueben esa licencia", recuerda.

Precisamente y respecto a esa contaminación en acuíferos a través de los purines de los animales, el presidente de COAG León indica que "los proyectos han de disponer de fosas sin fugas que impidan que esos purines puedan filtrarse, y para eso están y nos hacen inspecciones: para garantizar que las cosas se hacen conforme a la Ley".

Sin embargo, Castellanos comparte la visión del alcalde de Burgo Ranero, en el sentido de que "las macrogranjas apenas generan cuatro o cinco puestos de trabajo, pero el número de cabezas que crían en un solo punto, perjudica la supervivencia del resto de explotaciones algo más pequeñas que están dispersas por la provincia". Una dispersión que, como indica, "permite un mayor asentamiento de población en el entorno rural".