León se convierte por un día en un muro infranqueable para los hackers

Miriam Badiola / ICAL

El Grupo de Trabajo de Ciberseguridad se reunió hoy en el Instituto Nacional de Ciberseguridad de León con el objetivo de constituir los grupos de trabajo asociados al I Foro de Transformación Digital de la Justicia que se celebrará en Madrid el 20 y 21 de abril, un hito para el que el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, apostó por la colaboración público-privada para “desarrollar un proyecto que permita a la justicia saltar del siglo XIX al XXI”.

Manuel Olmedo, que participó de manera presencial en la inauguración de la cita, aseguró que “la justicia avanza en materia de incorporación de tecnologías digitales”, lo que “aporta valor añadido y permite liberar tareas que antes no se podían más que realizar a mano para poder dedicarse a otras con mayor incidencia en la vida de los ciudadanos”. Así, como “valor fundamental del ordenamiento jurídico y también como emanación directa de la soberanía popular”, para Olmedo “una parte fundamental” de la misma está “en la protección de las nuevas herramientas que se exponen a riesgos que anteriormente no se conocían”.

En este sentido, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia resaltó el valor del Grupo de Trabajo hoy reunido para “acercar la cocreación al sector privado y desarrollar un proyecto en conjunto con todos los actores que trabajan en la administración”, es decir, “no solo el público”, sino “con otras instituciones, con el Consejo General de Poder Judicial, con la Fiscalía General del Estado y con el sector privado”.

Para ello defendió la “colaboración público privada” en un contexto de “apertura y transparencia” que, según aseguró, caracteriza el nuevo modo gobernar del Ejecutivo central que “pretende hacer de la transparencia e igualdad alguno de los valores fundamentales de su actuación” y que “persigue la gestión eficiente de los recursos”. De este modo, Olmedo apuntó que los Fondos de Recuperación cuentan con un capítulo de transformación digital y destina 410 millones al ámbito de la justicia”.

El secretario general abogó también por la “territorialización” de dichos fondos, “con la vista puesta en reducir la brecha digital”. Para ello, expuso que uno de los objetivos fundamentales de Gobierno, con el plan estratégico Justicia 2030, es la instalación de oficinas de justicia que sustituyan los juzgados de paz para que cuenten con medios digitales y que se puedan hacer en ellas diligencias que eviten desplazamientos innecesarios a la sede del partido judicial.

Riesgos y cibercrimen

“La calidad democrática, económica y social depende de la calidad de la justicia junto con la sanidad y la educación, por eso no hay que escatimar esfuerzos para conseguir una transformación digital más ágil, eficiente y accesible a ciudadanía y empresas y que permita beneficiarse de sus ventajas minimizando los riesgos en internet”, dijo la directora general de Incibe, Rosa Díaz, durante la inauguración de la jornada de trabajo.

Al mismo tiempo, Díaz invitó a “entender la situación real y la importancia de las medidas de seguridad en la red”, donde “la ciberseguridad es el pilar del desarrollo del mundo digital” en medio de la “cuarta revolución industrial”, en la que “es imprescindible una digitalización segura y confiable”. Según los datos aportados por la directora de Incibe, Interpol señala que el cibercrimen es la actividad más beneficiosa a nivel global, por encima del narcotráfico, con un coste superior al billón de dólares y supone más del uno por ciento del Producto Interior Bruto Mundial, mientras que podría llegar a ser de diez billones de dólares en 2025.

Por esta razón, el jefe del Departamento de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, Javier Candau, consideró que “la justicia española debe abordar la digitalización con garantías para salvaguardar su misión”, de manera que “no hay transformación digital sin ciberseguridad”.

Cadau recordó el fallo de seguridad ocurrido en 2017 en la plataforma de intercambio de información que usan los órganos judiciales y los abogados, conocida con el nombre de LexNet y destacó que puso sobre la mesa una serie de posibles de mejoras en ciberseguridad dentro del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de Transformación Digital de Justicia. “Hay muchas amenazas y muchos retos muy exigentes, pero hay instrumentos y voluntad para que se haga segura y de una manera eficiente para los ciudadanos”, señaló.

En este mismo sentido centró su intervención inaugural Miguel Ángel de la Pisa, coordinador del Grupo de Trabajo Digitalización de la Justicia la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones, quien expuso que a pesar de que la transformación de la justicia supone un elemento “fundamental”, no podría haberla “si no hay un apoyo desde la ciberseguridad que permita trabajar con todas las garantías tecnológicas que avalen que esté protegido” porque “no se puede considerar justicia solo son los juzgados, sino que también son las redes y esta está bajo el riesgo de ser atacada por los enemigos que tiene el Estado”.

La inauguración de la jornada de trabajo del Grupo de Trabajo de Ciberseguridad que se celebra durante todo el día de hoy en el Incibe también contó con una breve intervención del alcalde de León, José Antonio Diez, que trasladó a los participantes que la ciudad es “un foco esencial para la tecnología de las comunicaciones y la información” y la puso a disposición de reuniones como estas “o eventos más numerosos”.