Lío en un centro para personas con grave discapacidad de León: piden expedientar a la directora por decisiones "ilícitas"

Se avecina lío en el Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (CRE) de San Andrés del Rabanedo, en León. Satse y el Colegio de Enfermería de la provincia han pedido al Procurador del Común la apertura de un expediente informativo contra la directora por decisiones que, a juicio del sindicato, son "cuando menos ilícitas o contrarias a la legalidad", además de extrañar "riesgos" para las enfermeras y los residentes.

En este sentido, acusan de decisiones "arbitrarias" a la directora que tienen incidencia en la atención que reciben los residentes. Ya hace unas semanas Satse León solicitó al subdelegado del Gobierno en la provincia, Faustino Sánchez Samartino, que abriese dicho expediente informativo contra la directora del CRE.

Desde el sindicato recalcan que se vienen produciendo "situaciones que alteran el desarrollo normal del trabajo" a raíz de decisiones "arbitrarias" tomada por la directora. Ya anteriormente desde Satse se ha denunciado la falta de dos enfermeras de las 10 que debía haber, según señalan, junto a la "falta de intención" para cubrir esos turnos. 

Esto provoca que se produzcan "turnos descubiertos" para que no se generen "necesidades de servicio". Satse exige que se cubran todas las plazas del CRE por el nivel de cuidados que requieren los residentes del centro. Otra de las quejas que manifiesta son las órdenes que se le dan a las enfermeras para que "deleguen sus funciones a otros trabajadores no cualificados", como es el caso de las curas o la medicación, aseguran, o que se intente "arrebatar la autonomía profesional de las enfermeras". 

Además, denuncian que se producen nuevos ingresos y también temporales sin información de sus procesos asistenciales, ni sobre la medicación prescrita, provocando, según Satse, un "malestar" entre los profesionales y que se dé una respuesta "menos efectiva" en caso de urgencia.

De la misma manera, han trasladado al Procurador del Común que el protocolo de medicación "no está actualizado" y que la directora quería que cualquier profesional "pudiera administrar la medicación", instando a las enfermeras a que lo "avalaran" y provocando así un "intrusismo profesional". Aclaran a mayores que se "desconoce" quién sería el responsable en el caso de que se den errores en la toma de medicación sin que haya presente una enfermera.

También aseguran que se "permite fumar en el recinto", provocando un "peligro para usuarios y trabajadores". Asimismo, el sindicato alerta de que la dirección, en vez de "perseguir estas actuaciones irregulares", aconseja a las enfermeras que tengan "paciencia y que comprendan la situación", dando además instrucciones para que custodien "marihuana bajo su responsabilidad". Esto fue denunciado ante el Imserso sin que obtuvieran "respuesta alguna".