La Fiscalía de Castilla y León ha rechazado investigar de oficio la situación del Hospital del Bierzo ante la falta de reumatólogos tras la petición del Defensor del Paciente. Así lo ha dado a conocer la propia asociación, que había solicitado al órgano público que tomase cartas en el asunto ante una situación que han calificado de "dictadura sanitaria".
Al finales del mes de julio llegaba un caso de una paciente hasta la asociación en el que denunciaba que venía sufriendo varias cancelaciones de su cita después de que su reumatóloga aprobase la plaza en el hospital de León y se marcharse. En su denuncia ante el Defensor del Paciente, la mujer explicaba que tuvo su última cita el 2 de septiembre de 2022, siendo la siguiente el 7 de diciembre que acabó siendo cancelada.
Finalmente, tras 11 meses de espera, tuvo la revisión el pasado 24 de julio. Desde entonces, un grupo de afectados, conformado por 50 de los 80 pacientes, decidió organizarse para tratar de luchar contra la situación. Muchos de ellos afirman que no saben cuando serán atendidos porque el reumatólogo eventual "todavía está dando citas a los que tenían en diciembre".
La plaza de reumatólogo en el Hospital del Bierzo, según los afectados, ha sido convocada hasta en dos ocasiones, siendo rechazado el puesto en ambas. "La primera convocatoria sé que rechazó el puesto un reumatólogo porque lo dijo el procurador en un correo electrónico contestando a mi queja", lamenta la paciente damnificada. Por otra parte, la segunda convocatoria fue el 15 de junio, que salió en el Bocyl, y supusieron que se rechazó porque en una de las manifestaciones que realizaron, se lo dijeron en el hospital.
Esto llevó a la defensora del Paciente a pedir al Fiscal Superior que interviniese ante la "gravedad" de los hechos. En aquel momento denunció que el Gobierno de la Comunidad pone "en riesgo" a las personas por "falta de respeto y trato indigno en la asistencia".
La Fiscalía de Castilla y León, en su decreto de respuesta, señala no ver "delito" alguno en los hechos expuestos, tanto por la afectada como por la denunciante, en este caso el Defensor del Paciente. Esto ha llevado al órgano a archivar las diligencias denunciadas.