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La Policía Local incauta artículos falsificados en el Rastro
La Policía Local de Salamanca se ha incautado el pasado domingo, día 19, en el rastro de la Aldehuela de varios productos falsificados y por tanto fraudulentos, así como de alimentos carentes de los preceptivos controles y requisitos sanitarios. En concreto se realizaron cuatro intervenciones, tres de la cuales se produjeron fuera de los puestos de venta autorizados.
En la primera de ellas, la referida a los productos de alimentación, el vendedor huyó apresuradamente cuando advirtió la presencia policial y dejó abandonada la mercancía, consistente en 14 piezas de embutidos de lomo, salchichón y chorizo.
Por lo que respecta a las actuaciones específicas contra diferentes modalidades de falsificaciones, la Policía Local intervino a un hombre de 53 años 185 discos compactos: 112 musicales y 73 películas, que tenía expuestos en una de las calles del mercadillo.
Por otra parte, en un puesto de venta, se decomisaron 41 camisetas de varias marcas presuntamente falsificadas, sin que el titular, un hombre de 28 años, acreditara las facturas de procedencia. Y en otro puesto que había quedado libre por ausencia de su titular y que fue ocupado ilícitamente por un vendedor sin licencia de 36 años, se intervinieron 21 pares de zapatillas de marcas falsificadas.
Normativa legal
El Código Penal enumera los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial y determina sanciones económicas, administrativas y penales para quien, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular, fabrique, importe, posea, utiliza, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por los derechos de propiedad (artículo 273).
La Ordenanza municipal reguladora de la venta en la vía pública, fuera de establecimientos permanentes, en su artículo 37, considera la comercialización de artículos, mercancías o productos adulterados, fraudulentos o falsificados o que, además, pudieran poner en riesgo la seguridad de los consumidores, como una infracción muy grave que puede derivar en una sanción económica de hasta 3.000 euros y en la revocación de los puestos o autorizaciones de venta, cuando aquella se produce en puestos legales.
