Castilla y León
La Iglesia Católica ha registrado a su nombre 946 inmuebles en la provincia de Salamanca
Tras un estudio de la situación hemos comprobado que del total de inmatriculaciones (34.961), casi un 30% (10.234) corresponden a la comunidad de Castilla y León, que en la provincia de Salamanca han sido un total de 946 y en concreto en nuestro municipio, se han realizado 11 inmatriculaciones de bienes e inmuebles a favor de la Diócesis de Salamanca.
Izquierda Unida (IU) recuerda que la Iglesia católica ha aprovechado para registrar a su nombre bienes que no están oficialmente a nombre de nadie aprovechando la potestad que le confiere la ley hipotecaria española y la modificación que Alberto Ruiz-Gallardón propuso, siendo aún ministro de Justicia, cambiando el artículo 206 de la ley hipotecaria, que es el que permite ese privilegio a la Iglesia católica en España de actuar como fedatario público en la apropiación de bienes.
Izquierda Unida, señala que “la invitación de la vicepresidenta primera del Gobierno, a que cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe de estas inmatriculaciones, reclame por vía administrativa o por la vía de los tribunales es un absoluto insulto. Están promoviendo 35.000 litigios ante los tribunales. Todas estas inmatriculaciones deberían declararse nulas porque se apoyaron en una ley franquista ampliada por el Gobierno de Aznar que da valor a la declaración de un obispo para que los bienes puedan inscribirse a su nombre en el Registro de la Propiedad. La Iglesia no es un organismo público ni es un notario que pueda dar fe de nada, y por tanto Izquierda Unida considera que deberían ser declaradas nulas”.
La publicación de este listado evidencia una vez más una situación injusta con la que la Iglesia ha obtenido cuantiosos beneficios a lo largo de varios años, gracias a normas que incluso fueron en su momento reprobadas con dureza por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No se trata de una cuestión de índole religiosa, sino de recuperar un patrimonio expoliado a toda la sociedad, y que en gran parte ha sido mantenido y restaurado gracias a inversiones públicas.
Desde IU Salamanca entendemos que el gobierno debe revocar de inmediato estas apropiaciones indebidas llevadas a cabo por parte de la iglesia católica para que queden sin efecto todas las inmatriculaciones de templos de culto, así como de otros bienes inmuebles, edificios, solares, viviendas, locales, parcelas y fincas. El ejecutivo debe también pedir daños y perjuicios en los casos en que pudieran haberse ocasionado, y por supuesto, debe legislar para blindar la propiedad de los bienes de carácter público
