La Diputación de Salamanca destina 5,5 millones a la depuración de aguas en 74 municipios menores
El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, acompañado por el diputado de Medio Ambiente, Román Javier Hernández, han presentado el nuevo Plan de Depuración de Aguas Residuales que llegará a 74 municipios, que podrán llevar a cabo las obras necesarias para la puesta en marcha de una depuradora.
Este plan está dotado con 5,5 millones de euros, de los que 5 millones se destinarán a la ejecución de las actuaciones solicitadas, mientras que el resto, 500.000 euros, serán para la redacción de los proyectos de los municipios que así lo requieran.
Los beneficiarios del mismo serán las entidades locales menores de 500 habitantes, que quieran realizar obras nuevas para instalación de depuradoras o mejorar y ampliar las existentes, para lo que se destinarán hasta 4,6 millones de euros del total del presupuesto. Para esta línea, se han aprobado 69 expedientes.
Asimismo, el presidente recordó que también se ha incluido una partida para entidades locales menores de 2.500 habitantes, para finalizar obras iniciadas a partir de 2019, para lo que se destinará un máximo de 400.000 euros. Este plan incluirá 5 obras de este tipo.
El máximo subvencionable es de 100.000 euros, que serán financiados en un 80% por la Diputación de Salamanca y en un 20 por ciento por los ayuntamientos.
Javier Iglesias destacó que se trata de un esfuerzo económico sin precedentes para solucionar una de las demandas más repetidas por los alcaldes, debido a que, en la mayoría de los casos, los pequeños municipios no pueden hacer frente a obras de estas características.
Sin embargo, avanzó que la intención de la Diputación de Salamanca es dar continuidad a este plan y que entren la siguiente convocatoria aquellos municipios (44) que aun cumpliendo todos los requisitos se han quedado fuera de esta convocatoria.
En total se presentaron 138 solicitudes, de las que 20 fueron desestimadas por no cumplir con las bases o no subsanar errores cuando se les requirió.
Las solicitudes se atendieron en función de criterios como el que no dispusieran de un sistema de depuración; núcleos con sistemas de más de 15 años de antigüedad; mayor población equivalente; que tuvieran expedientes sancionadores; o que estuvieran situados en zonas de especial calidad ambiental.