La Generalitat pide al Gobierno que complete el traslado de los fondos catalanes del Archivo de Salamanca

El interminable conflicto generado por los denominados popularmente como los 'papeles de Salamanca' no se aminora. El envío de 400.000 fondos del Archivo salmantino a Cataluña, un proceso que arrancó en enero de 2006, parece que no ha finalizado y que puede tener continuidad en el futuro. Buena prueba de ello es que este espinoso asunto figura en el orden del día de la reunión que celebrará este lunes 2 de agosto en Madrid la Comisión Bilateral Generalitat-Gobierno de España.

Los representantes del Govern pedirán en la reunión que sean enviados a Cataluña los legajos catalanes, correspondientes al periodo de la II República y de la Guerra Civil, que todavía permanecen depositados en las dependencias del Archivo salmantino. Se trata de unos fondos que fueron incautados en Cataluña por el franquismo tras el fin de la Guerra Civil y que fueron trasladados a Salamanca para formar parte del que sería el Archivo de la Guerra Civil española.

Durante casi dos décadas los sucesivos envíos de legajos a Cataluña han estado marcados por la polémica. Las instituciones salmantinas y la propia Junta de Castilla y León se han pronunciado en contra, por considerar que la reclamación catalana suponía el expolio y la fragmentación del Archivo salmantino y que la reclamación catalana se enmarcaba dentro de la estrategia rupturista del secesionismo catalán.

El último envío

El pasado mes de abril la Consejería de Cultura de la Generalitat anunció la llegada a Cataluña, procedente de Salamanca, de una nueva entrega de documentación privada de los ‘papeles de Salamanca’, tanto de personas físicas como jurídicas, incautada en la guerra civil. En un comunicado, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, señaló entonces: “Es un acto de justicia conseguido con el esfuerzo y la perseverancia de muchas personas y entidades. Llega tarde y todavía queda camino por recorrer, pero estamos más cerca de restituir la historia nacional, civil y humana de nuestro país”.

La Generalitat explicó que era una entrega exclusiva de documentación privada y se componía de 26 fondos documentales (ocho de entidades, nueve de particulares y empresas y 10 de partidos y sindicatos) y 68 agrupaciones documentales de menor entidad que en total se corresponden a un volumen de 25.602 imágenes digitales. Se trata de documentación de personas físicas y jurídicas, de las que algunas ya habían recibido transferencias anteriores, como la CNT, UGT, la Associació d’Amics de la Unió Soviètica de Catalunya (AUS), el Socorro Rojo Internacional, Solidaritat Internacional Antifeixista de Catalunya, la Compañía de Jesús, Antoni Aymat Mareca y del conseller de Salud entre 1931 y 1932 Josep Jové i Saroca.

También incluye nuevos receptores como profesionales, sindicatos y cooperativas como la Associació de Professionals de Faquins Bastaixos del Peix, el Sindicat Agrícola de Balaguer, la Cooperativa de Tintorers de Robes Usades de Reus y la Societat de Picapedres de Tarragona, entre otros.

Entre la documentación de entidades sociales y políticas correspondientes al envío de abril figuraba la del Centre Israelita Agudad Ahim de Barcelona, el Casino Foment Rapitenc y la Joventut Cultural i Recreativa de Roselló; de entidades asistenciales y religiosas como la Confraria del Cordó y el Convent de Santa Maria de Jesús de Reus, y de empresas como la Compañía General de Minas y Sondeos, la Sociedad Anónima Mixta y de la delegación en Barcelona de la Distribuidora Ibérica de Publicaciones.

También se trasladó desde Salamanca documentación de familias como los Amell Pretell y personales, correspondientes a 38 personas, entre las que destaca la de uno de los referentes del anarcosindicalismo, Ángel Pestaña Núñez.