La supresión hace unos días de la venta presencial de billetes de tren en la estación de Peñaranda de Bracamonte ha llegado al pleno de las Cortes autonómicas, donde la procuradora de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, ha recordado en su intervención dicho recorte de servicios en varias estaciones de ferrocarril de la comunidad autónoma.

En este aspecto, desde Unión del Pueblo Leonés se ha recordado que han sido ocho las localidades de la Región Leonesa en las que hace unos días se ha suprimido la atención personal para la venta de billetes para ser sustituida por la venta a través de una máquina o internet, siendo el caso concreto de las estaciones de Astorga, Boñar, Cistierna, Matallana, Peñaranda de Bracamonte, Puebla de Sanabria, Sahagún y La Vecilla.

Sobre este hecho, la procuradora leonesista Alicia Gallego ha denunciado que cuando Renfe anunciaba que pasaba a incorporar de forma inmediata un servicio de atención personal remota en dichas estaciones “en realidad, más allá de maquillar el lenguaje, significa que en estas estaciones Renfe ha suprimido la venta de billetes presencial y solo se permite a los viajeros comprarlos a través de internet o de una máquina, sin atención personal.”

"No es una situación nueva"

Por otro lado, la representante de UPL denunciaba que “no es una situación nueva, pues ya la habíamos vivido en la Región Leonesa en otras estaciones como Ciudad Rodrigo, Toro o Bembibre”, lamentando que “tras este nuevo hachazo a la prestación de servicios en nuestro medio rural, solamente quedan 4 estaciones de ferrocarril en la Región Leonesa en las que se pueden adquirir presencialmente los billetes de tren: Salamanca, León, Zamora y Ponferrada”.

Por ello, desde Unión del Pueblo Leonés han pedido a la Junta “que se implique activamente para que se restituya la venta presencial de billetes en las estaciones de ferrocarril de las regiones de León y Castilla en que se han suprimido en los últimos años”, caso de Peñaranda de Bracamonte y Ciudad Rodrigo.

Y es que, los leonesistas han lamentado que “tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno de España guardan silencio, como si este hecho no implicase un empeoramiento de los servicios públicos en nuestras comarcas. Como si esto no agravase más el problema del vaciamiento de nuestros pueblos y comarcas.”