El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, lleva al Consejo de Gobierno, reunido esta mañana, su preocupación por la situación actual de la aplicación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), en cuanto se refiere al capítulo del profesorado, que entrará en vigor a mediados del próximo mes.

Para Rivero la ley afecta “de forma muy negativa” en la autonomía universitaria, entendida como libertad para la creación y difusión de conocimiento, y abre un prolongado periodo que “exigirá mucho tiempo de dedicación para adaptar los derechos y obligaciones que incorpora el texto, esfuerzos que no podrán orientarse hacia lo más importante: el estudio, la formación de los jóvenes, la investigación y la transferencia de conocimiento”.

En opinión del rector, la ley también aumentará los conflictos por la mayor politización de la Universidad que avala este texto. “Esta reforma no respeta la capacidad de las universidades de organizarse, dictarse sus propias normas, definir el modo más adecuado de elección de sus autoridades y la estructura de sus plantillas para ofrecer el mejor servicio a la sociedad”, subrayó.

Buenos datos de matriculación

Por otra parte, el rector confirmó los buenos datos sobre matriculación logrados por la Universidad de Salamanca en el curso 2022-23, según se desprende de la estadística facilitada por la Consejería de Educación. El Estudio salmantino ha sumado 3.500 estudiantes más que la segunda universidad de Castilla y León, con especial incidencia en los estudios de Doctorado, que ha logrado atraer al 50 por ciento de los alumnos y alumnas inscritos de toda la oferta pública de la comunidad autónoma.

Durante la sesión se aprobó, asimismo, el documento que regula las Normas de Convivencia de la Universidad de Salamanca, de acuerdo a la Ley 3/2022 de 24 de febrero, las cuales serán de obligado cumplimiento para toda la comunidad universitaria, esto es, estudiantado, personal docente e investigador y personal de administración y servicios

Estas normas constituirán el instrumento fundamental para favorecer el entendimiento, la convivencia pacífica y el pleno respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas en el ámbito universitario. Su principal objetivo es facilitar y hacer efectiva la convivencia en el ámbito universitario, y en su elaboración se atenderá a criterios participativos y de audiencia de la comunidad universitaria.

La principal novedad, según el rector, reside en el procedimiento de mediación, que se constituye como modalidad alternativa al sistema disciplinario para la resolución de los conflictos que alteren la convivencia o impidan el normal desarrollo de las funciones de docencia, investigación y transferencia del conocimiento.