Condenado un matrimonio a un año y medio de cárcel por aportar documentos bancarios falsos para evitar un desahucio en Salamanca

La Audiencia Provincial de Salamanca condenó a un matrimonio a un año y medio de prisión por la falsificación de documentos para evitar su desahucio tras el impago de varios meses de alquiler. Los hechos se remontan a julio de 2019, cuando el demandante alquiló en una urbanización de Calvarrasa de Arriba una vivienda al matrimonio compuesto por los acusados.

En junio de 2020, demandó el desahucio por falta de pago de la renta y reclamación de deuda al matrimonio, alegando el impago total de las mensualidades de enero, febrero y junio de ese año y parcial de abril y mayo.

Los acusados presentaron el procedimiento de oposición al desahucio alegando el pago de las rentas y aportando justificantes “que no se correspondían con la realidad”. Sin embargo, según detalló la sentencia a la que tuvo acceso Ical, los acusados “habían realizado, presentado y alegado al Juzgado, junto con las transferencias verdaderas, otras alteradas y manipuladas que no se correspondían con ingreso alguno”.

Ante la alegación del demandante, que insistió en el impago, el Magistrado dio lugar al desahucio, condenó al pago debido de rentas y dedujo testimonio para la jurisdicción penal por estos hechos.

La Audiencia Provincial condenó a los dos autores como responsables de un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particular, y otro de estafa procesal en grado de tentativa, lo que conllevaría a cada uno de ellos a un año y medio de prisión, además de nueve meses de multa a razón de cinco euros diarios.

El Tribunal acordó también conceder a la mujer la suspensión de la ejecución de las penas de prisión por un plazo de dos años, al carecer de antecedentes y tener dos hijas menores de edad, una de ellas con discapacidad. Sin embargo, quedó pendiente la resolución de la suspensión de las penas privativas de libertad impuestas al hombre, al que le constan 23 condenas, todas ellas no operables para la reincidencia, siendo las dos últimas por delito contra la seguridad de tráfico en 2012 y por robo con fuerza en 2015.