El sábado pasado, el alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín, anunció la finalización del contrato laboral que el Ayuntamiento mantenía con un grupo de asesores, a raíz de una serie de "denuncias y acusaciones cruzadas" entre uno de ellos y dos concejalas de su equipo de Gobierno, Olga García y Araceli Dorado, ambas del Partido Popular. Estos hechos habían hecho tambalear el apoyo de estas concejalas al regidor y ha provocado una crisis interna en el seno del Partido Popular bejarano.

Según informó el propio alcalde a través de un comunicado, este grupo de asesores había sido contratado para desarrollar un plan de viabilidad destinado a la creación de una empresa público-privada encargada de la gestión de la estación de esquí de la Covatilla.

En aras de garantizar la gobernabilidad y la correcta dirección del Ayuntamiento, el alcalde Luis Francisco Martín emitirá un decreto de Alcaldía que llevará a cabo la "rescisión de cualquier relación laboral del Ayuntamiento de Béjar con estas personas".

En palabras del propio alcalde, su máxima prioridad es "la estabilidad del Ayuntamiento, el futuro de Béjar y los intereses y el bienestar de los vecinos", por lo que se comprometió a continuar trabajando "fuera de polémicas y cuestiones que se alejen de tal fin".

"Extrema gravedad"

Sin embargo, el Partido Socialista de Béjar ha calificado esta situación como "de extrema gravedad". Martín había anunciado previamente la ruptura de la relación contractual con los asesores, pero el Grupo Municipal Socialista ha cuestionado la existencia de un contrato formal en el libro de decretos de Alcaldía.

El PSOE, en su propio comunicado, ha insistido en que no existe evidencia de un contrato con un grupo de asesores, sino que se hace referencia a "una persona asesora", según declaraciones públicas del alcalde. Además, los socialistas han denunciado la falta de acceso a la documentación relacionada con la contratación, a pesar de sus múltiples solicitudes en los últimos dos meses.

El PSOE ha destacado que, dada la falta de transparencia en este asunto, la confianza en la institución municipal se ha visto "gravemente afectada", lo que podría tener repercusiones negativas en proyectos a nivel comarcal y provincial.

El Grupo Municipal Socialista y la Agrupación Socialista Bejarana han afirmado que su responsabilidad como grupo de oposición es "velar por la legalidad y salvaguardar la institución municipal". En este contexto, han instado al gobierno municipal compuesto por Vox y el PP a asumir su responsabilidad en la situación.