Varapalo al Ayuntamiento de Segovia: condenado a pagar más de 1,2 millones por el parking de José Zorrilla

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estima el recurso de apelación presentado por la UTE Pigsur-Collosa y condena al Ayuntamiento de Segovia al abono de 1.240.665,10 euros en lugar de la indicada en el auto de 20 de julio de 2021, de 1.127.005,73 euros, por la liquidación final del contrato de explotación del aparcamiento subterráneo de la plaza de José Zorrilla. Hay un incremento del lucro cesante de 113.660 euros. No hay imposición de costas procesales a ninguna de las partes, según ha informado la agencia Ical.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Segovia dictó auto el 20 de julio de 2021, en cuya parte dispositiva acordó declarar que la liquidación del contrato que unía a las partes “asciende a la cantidad de 4.753.820,06 euros, habiéndose abonado la cantidad de 3.626.814,33 euros, de tal manera que quedaba pendiente en fecha de 10-11-2020, la cantidad de 1.127.005,73 euros, condenando al Ayuntamiento de Segovia al abono de dicha cantidad, en el caso de no haberse satisfechos previamente a la parte ejecutante”.

Contra este auto se interpuso recurso de apelación, con un escrito el 13 de septiembre de 2021, “declarando que la fecha de puesta en equivalencia debe ser el 31 de diciembre de 2016”, recuerda el TSJCyL, conforme al informe del perito judicial elaborado en enero de 2019, así como que se “declare procedente solicitar nuevo informe al perito judicial a fin de dilucidar la cuestión controvertida”.

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo de Segovia ya consideró en el año 2016 que la UTE concesionaria tenía derecho a resolver el contrato de explotación “por causa imputable” al consistorio y le condenó a iniciar la fase de liquidación.

La concejala de Urbanismo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, sostuvo hoy que esta sentencia es “la certificación final de la liquidación”, ya que “no estaba de acuerdo la parte técnica tanto la parte de la empresa como la parte municipal”. Según Clara Martín, la sentencia “lo que viene a decir es que la indemnización final ronda el 1.200.000 euros".