La muerte del dictador Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, y la posterior aprobación de la Constitución Española, el 6 de diciembre de 1978, abrieron paso a la construcción del Estado autonómico en España, tal como hoy lo conocemos. Pero el proceso de construcción de la comunidad autónoma de Castilla y León partiría con complicaciones de base.

La nueva comunidad que se quería constitutir se basaba en la unificación de dos regiones históricas: Castilla La Vieja y la Región Leonesa. Además, dos antiguas provincias de Castilla La Vieja, Santander y Logroño, estaban impulsando sus propios procesos autonómicos y, por tanto, se desligaban de la nueva comunidad. Quedaban por tanto las tres provincias de León: León, Zamora y Salamanca, y las seis de Castilla La Vieja menos las dos ya mencionadas: Palencia, Valladolid, Segovia, Ávila, Burgos y Soria. Pero las complicaciones no terminarían aquí. 

Segovia impulsa su proceso autonómico

La Constitución otorgaba dos posibilidades para impulsar estos Estatutos, la conocida como vía lenta, basada en el artículo 143, y la vía rápida, descrita en el artículo 151. La primera daba derecho a una autonomía reducida, al no disponer de todas las competencias que no son exclusivas del Estado en el momento de constituirse, mientras que en el caso de la segunda daba derecho a la autonomía completa.

Castilla y León utilizaría la vía lenta, mientras que las comunidades que habían gozado de Estatutos durante la Segunda República –Cataluña, Galicia y País Vasco– utilizaron la "vía rápida" y configuraron sus normas entre 1979 y 1981, varios años antes. Según marcaba la Carta Magna, la vía lenta podía ser utilizada por "todas las provincias españolas limítrofes que tuvieran elementos históricos, culturales y territoriales comunes, los territorios insulares, y las provincias con entidad regional histórica". Fue esta última característica a la que se agarraría la provincia de Segovia para intentar evitar su inclusión en la nueva comunidad que se estaba configurando.

En julio de 1981, en plena construcción de la autonomía de Castilla y León, la Diputación de Segovia inició el proceso para que la provincia se constituyera en una comunidad autónoma uniprovincial propia y de los 210 municipios de la provincia, 178 votaron a favor de esta decisión. Sin embargo, esta vía requería que los votos favorables al inicio del proceso autonómico representaran la mayoría del censo electoral, algo que no sucedía ya que la capital segoviana votó a favor de la pertenencia de la provincia a Castilla y León.

Cuéllar inclina la balanza

Llegados a octubre de 1981, solo quedaban 10 consistorios por decantarse acerca del futuro autonómico de la provincia segoviana y el más crucial de ellos era Cuéllar, la segunda localidad con más población. Finalmente, tras una votación en el pleno del consistorio local que se alargó hasta la madrugada, se produjeron siete votos favorables a la autonomía segoviana y seis contrarios, es decir, partidarios de la incorporación de Segovia a Castilla y León. Parecía que el pescado estaba vendido y que Segovia no formaría parte de la nueva comunidad, pero las cosas no quedarían ahí.

Algunos errores en el proceso de votación y la recogida de 1.800 firmas en el municipio favorables a la incorporación de Segovia a Castilla y León obligaron a que el pleno terminase por repetirse y el 3 de diciembre de 1981 una nueva votación cambió las tornas. En esta ocasión se produjeron siete votos favorables a la pertenencia de la provincia a Castilla y León y seis partidarios de la autonomía uniprovincial. 

Con todo, el 20 de enero de 1982 se convocó una última manifestación en Segovia que congregó a unas 3.000 personas para pedir la independencia de la provincia. El 31 de enero de 1982, al finalizar los seis meses marcados en la Constitución desde el primer acuerdo al respecto, se dio por terminado el proceso.

Segovia, una provincia más de Castilla y León

Como finalmente Segovia no había impulsado su proceso autonómico uniprovincial en el último momento, en marzo de 1983 esta provincia era la única que no formaba parte de una comunidad autónoma y las Cortes Generales se vieron obligadas a resolver su situación. Así pues, mediante la Ley Orgánica 5/1983, se declaró la incorporación definitiva de la provincia de Segovia a la nueva comunidad autónoma de Castilla y León.

Con todo, la cosa no quedó ahí y el 4 de junio de 1983 54 senadores de la coalición entre Alianza Popular (AP), el Partido Demócrata Popular (PDP) y la Unión Liberal (UL) presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la incorporación de Segovia a la nueva comunidad autónoma. Un recurso que también se mostraba contrario a que León formase parte de la recién creada autonomía. 

Finalmente, en noviembre de 1984, el Tribunal Constitucional declaró la norma que oficializaba la incorporación de Segovia a Castilla y León conforme con la Constitución. De esta manera, finalizaba de forma definitiva el sueño de la autonomía segoviana y esa provincia quedaba indisolublemente unida a la recién creada comunidad autónoma de Castilla y León.