La información hecha pública el jueves por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha provocado un vuelco en el caso de la muerte de la niña Olivia, ya que éste afirmó que el padre, Eugenio García, no tenía la custodia de su hija por haber estado condenado por nueve meses por un delito de violencia de género. Ante esta situación, los abogados del padre segoviano han querido salir a escena para acusar al Tribunal autonómico de filtrar "información interesada y sesgada" sobre su condena.

En opinión de los abogados, la condena hecha pública se refiere única y exclusivamente a "un hecho puntual” cuando le anunció el divorcio a la supuesta asesina de Olivia, y obvia que al padre se le absolvió del resto de delitos, como el de violencia habitual, lesiones psíquicas y leve de injurias. El abogado Ignacio Blanco ha criticado que la nota enviada por el tribunal ignore las partes de la sentencia en las que el juez asegura que el testimonio de la mujer "presenta contradicciones, lagunas, es parcial y omite importantes detalles",  y también"falta a la verdad u omite datos que entiende que la desfavorecen". Además, Blanco recuerda las palabras favorables de la profesora de la guardería en favor de Eugenio y "los informes de los psicólogos informan que el relato de la Sra. Martínez contiene notorias falsedades”.

En un comunicado leído a las puertas del juzgado, denuncian que les preocupa enormemente que el origen de la noticia sea una información facilitada por el TSJCYL. “Pues se centra en el único pronunciamiento de condena omitiendo los de absolución a pesar del calvario judicial vivido por Eugenio desde que este propusiera el divorcio a la señora Martínez”.  Hasta el punto de que se plantean denunciar a los tribunales de Castila y León por hacer públicas las sentencias "pues ningún castellano leonés puede sentirse seguro ya con respecto a la privacidad de sus actuaciones judiciales”.

"Perversión"

Asimismo, los letrados han cargado contra la ley de violencia de género actual de la que piensan que estas son las consecuencias y afirman que esta perversión se traslada a los procesos de familia, “en los que, por presión política y social, se tiende a velar más por los intereses de las madres que por la de los propios hijos”