La Diputación de Segovia pide al Gobierno más plazas de funcionarios para los ayuntamientos de la provincia

El Pleno de la Diputación de Segovia, correspondiente al mes de mayo, ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género y ha continuado con la aprobación de la Memoria del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, que ha tenido el apoyo del grupo popular y la abstención del resto de diputados.

El portavoz del grupo socialista, Máximo San Macario, ha expresado su alegría porque “han subsanado esos múltiples errores que cometieron” y, aunque ha catalogado el documento de “infinitamente mejorable y fruto de la improvisación” se ha congratulado de que “quita los bomberos voluntarios”. Ante esta intervención, el presidente le ha acusado de “chapotear en la memoria” y de olvidarse de decir que “todo surge porque el gobierno socialista de la ciudad abandonó y chantajeó a la provincia, multiplicando por cuatro el convenio existente, provocando que los pueblos tuvieran que estar sometidos a la consideración que tenga el ayuntamiento en la renovación”. Con todo y esto, ha continuado Miguel Ángel de Vicente, “hemos creado un servicio con garantías, guiados en todo momento por los técnicos, construyendo dos parques que es a lo que nos comprometimos". 

Posteriormente, han dado paso a las mociones. La cuarta de las mociones, y que ha sido aprobada, ha sido la presentada por el grupo popular con el fin de pedir al Gobierno de España que garantice un mayor número de plazas de funcionarios de administración local de habilitación nacional para los ayuntamientos de la provincia. Esta ha contado con el apoyo de IU y Vox, así como la abstención de los diputados del grupo socialista.

José María Bravo se ha mostrado preocupado por esta problemática que afecta de lleno a nuestros pueblos porque “cuanto más se reduce la población, más se incrementa la interinidad” y, por eso, “hay que impulsar medidas necesarias que hagan que, en convocatorias sucesivas, se pueda cubrir el cien por cien”. Ana Peñalosa, por su parte, ha reconocido el problema y ha argumentado su voto a favor en “el interés público”, aunque “no nos identificamos con algunos puntos del argumentario”; mientras que el diputado socialista Carlos Fraile ha explicado su abstención en que “estamos comprometidos con los pequeños municipios y somos reivindicativos en las cuestiones que son obvias y benefician a nuestros pueblos, aunque diferimos en algunos de los puntos propuestos”.   

José María Bravo y Miguel Ángel de Vicente en el pleno de la institución provincial

Por otro lado, los socialistas han presentado otra en relación a la creación de una Mesa Provincial Agraria y otras solicitudes a la Junta de Castilla y León en apoyo al sector primario. En este sentido, el diputado Daniel Bravo ha valorado esta opción como un "canal directo y de temporalidad entre organizaciones agrarias" donde la institución provincial podría ser de "gran utilidad". 

Mientras tanto, la diputada del grupo mixto IU ha argumentado su apoyo a la moción porque considera que es "fundamental defender un sector clave como es la agricultura" y el representante de Vox, Pedro Varela, ha defendido que desde la Consejería se intenta que los productores "puedan trabajar en condiciones de igualdad, a pesar de las políticas europeas, disminuyendo plazos y burocracia". 

Por su parte, el portavoz popular, José María Bravo ha lamentado que “no hayan defendido una PAC en condiciones porque ahora España va a percibir menos”, pues esta negociación ha provocado “una oleada de tractores en la calle y ahora quieren traer aquí el marrón en el que han metido al sector primario desde el Gobierno”. Además, ha denunciado que “mientras quieren meter a los agricultores en la cárcel por las multas durante las movilizaciones, están votando en el Congreso una Ley que va a dejar en la calle a los golpistas”.

La segunda moción presentada por los socialistas rechazando el proyecto de la Ley de Concordia que se tramita en las Cortes de Castilla y León, por ser una ley que “intenta negar la historia”, tal y como ha manifestado Máximo san Macario, sólo ha contado con el apoyo de Ana Peñalosa porque “desde Izquierda Unidad nos oponemos a este negacionismo histórico de los hechos impropio de cualquier Gobierno demócrata”. En su turno, Pedro Varela ha acusado a “socialistas y comunistas” de creerse “en posesión de la verdad” queriendo “imponer su verdad histórica” y ha explicado que esta Ley de Concordia sólo pretenden “poner a todas las víctimas en el mismo plano, pues quienes pudieron serlo durante la Segunda República, merecen el mismo reconocimiento”. En la misma línea de oposición a esta moción, José María Bravo ha replicado las palabras del que fuera presidente socialista, Felipe González, asegurando que “prefiero ser hijo de la Democracia que nieto de la Guerra Civil”, acusando a los socialistas de traer esta moción al Pleno “abriendo heridas para rascar votos porque lo que quieren es que siga habiendo rojos y azules”.

La tercera de las mociones a propuesta del grupo mixto-IU era la redacción de un Plan Provincial sobre adicciones, pues “la de Segovia es la única Diputación de Castilla y León que no tiene un plan de este tipo”. Para Vox, un plan así “trataría de matar moscas a cañonazos porque las familias que sufren adicciones, necesitan una ayuda mucho mayor que escuchar charlas”. Para Varela, que se ha abstenido, “hay que evitar que la droga entre en este país, que el Gobierno dote de más medios a la Guardia Civil y los controles fronterizos, para ir al problema de raíz y no poner tiritas aparentando que se hace mucho”. Mientras, para el diputado socialista, Samuel Alonso “las adicciones van más allá de lo que entra por nuestras fronteras”, por eso ha apoyado esta moción considerando el Plan como muy necesario.

Por el contrario, en su intervención, el presidente y titular de Asuntos Sociales, ha mostrado su discrepancia con esta necesidad porque “la inexistencia de un plan no es sinónimo de ausencia de planificación y la ausencia de un coordinador, no significa que no se estén desarrollando acciones”. Para De Vicente, se trata de un problema de Aquí hay un problema de “concepto”, ya que en los Servicios Sociales de la institución provincial “no trabajamos sectorializando, sino de una manera transversal, integral y con carácter de proximidad, con una metodología de trabajo que está muy por encima del resto de corporaciones locales de Castilla y León”. Por último, Miguel Ángel de Vicente ha asegurado que lo contrario a todo esto es “volver a un sistema muy antiguo de trabajo” y ha afeado a la diputada de IU que “no sepa todo lo que hacemos y, por eso, no desciende más allá porque, además, desconoce la situación real de las adicciones en nuestros pueblos. Una vez más, ha tocado de oído”.