Varapalo judicial para la empresa que proyectaba la macrogranja de Noviercas por el impago de los terrenos

La empresa Valle de Odieta acaba de ser condenada por la Audiencia Provincial de Soria por el impago de los terrenos que compró en 2017 para desarrollar su proyecto de macrovaquería en Noviercas (Soria). Según se destaca desde Ecologistas en Acción, esta sentencia es una muestra más de lo “poco fiable” que es esta empresa en sus compromisos, tanto con las familias propietarias de los terrenos como anteriormente lo fue con el cumplimiento de las leyes ambientales.

El proceso judicial se inició a raíz de que la familia de propietarios que vendió terrenos a Valle de Odieta no aceptó una modificación de los términos del contrato de compraventa. La empresa demandó a la familia alegando que la situación provocada por la pandemia le había impedido avanzar en el proyecto, pero la realidad, según la organización ecologista, es que el plazo para pagar los terrenos acabó ocho días después del inicio del Estado de alarma, en marzo de 2020, y hasta la fecha no ha obtenido ninguna licencia administrativa para el proyecto.

El compromiso adquirido en el contrato suponía pagar el 10 por ciento a la firma de las escrituras en 2017, y el 90 por ciento restante cuando obtuviera la licencia de construcción o, de no obtenerla en esa fecha, a los tres años, es decir, en 2020. La familia realizó un requerimiento notarial para recibir el pago de este 90 por ciento pero la respuesta de la empresa fue esa demanda judicial para modificar los términos del contrato.

Juan Luis Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción, asegura que muchos vecinos de Noviercas se vieron “forzados” a vender las tierras a Valle de Odieta ante la presión ejercida por autoridades y agentes sociales sorianos, que intentaron facilitar la instalación de la que sería la mayor explotación lechera de Europa con 23.500 vacas en un pueblo de 250 habitantes. “Hoy, muchas de estas familias propietarias comprueban cómo la empresa no les paga e incluso amenaza con abrir procesos judiciales si reclaman el pago. La sentencia es un gran escollo para el proyecto, ya que supone la retirada de 285 hectáreas, un tercio, del total de las 900 hectáreas previstas, siendo posible que más familias propietarias sigan el mismo camino”, aseguró.