El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha sido cauto tras conocerse el auto de imputación a su predecesor, León de la Riva, por el caso de la ‘comfort letter’, y ha recalcado que “con cualquier resolución judicial que no es firme hay que tener cautela, vamos a esperar a ver qué ocurre”, pero ha incidido en que “si parece que la denuncia tenía fundamento y la propia juez comparte que existen delitos”.

En esa misma resolución judicial se deja fuera del caso al exconcejal de Hacienda, Alfredo Blanco. El Ayuntamiento está personado como acusación y Puente ha detallado que será la asesoría jurídica la que decidirá si presentar o no un recurso para que se incluya a Blanco.

Puente también ha respondido a Jesús Enríquez, que le ha acusado de criminalizar a De la Riva, “no es cierto, me duele lo que está ocurriendo, pero mi obligación es proteger el interés público y la asesoría jurídica emitió un informe en el que advertía de la actuación delictiva y entendía que la mejor situación para el Ayuntamiento era la nulidad para reforzar nuestra posición frente a los bancos que ya saben que nos han reclamado 88 millones con una escritura notarial”.

Futuro

Sobre el futuro del proyecto ferroviario en Valladolid, Puente ha recordado que “ningún paso que se adopte excluye la posibilidad del soterramiento en el futuro, si en 15 o 20 años el soterramiento se podrá hacer, pero entre no hacer nada y resolver el problema dentro de las posibilidades que tenemos hemos optado por lo segundo y vamos a seguir con ese plan, vamos a seguir trabajando en la integración sin soterramiento”.

Puente ha recordado que “la cifra del último informe de Adif es de 1.200 millones de euros para el soterramiento completo, el Plan Rogers, ese dinero lo podría poner el Ministerio y no está dispuesto, el Ayuntamiento no puede, así que hay que tomar decisiones, primero contar la verdad y después intentar resolver la situación de mala permeabilidad de la vía, mejorar la comunicación entre los dos lados de la ciudad”.