Cuatro mandos de bomberos de la Diputación declararán por las oposiciones

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha citado a declarar en calidad de denunciados a cuatro mandos de los bomberos de la Diputación de Valladolid como consecuencia de las diligencias abiertas para investigar presuntas filtraciones en las preguntas del examen celebrado el 2 de octubre de 2016 para la provisión de una docena de plazas de conductor. El quinto de los comparecientes es, presuntamente, uno de los supuestos beneficiados que se hizo con una plaza.

Mediante provincia, a la que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, el referido juzgado emplaza para el día 13 de noviembre para tomarles declaración al jefe del Servicio de Extinción de Incendios, Juan Carlos A.C; Javier T.F, el opositor que sacó un 9 y supuesto beneficiado de la filtración, así como a Félix A.P, jefe del Parque de Tordesillas, mientras que Miguel Ángel P. y José Luis G, jefes de los parques de Peñafiel y Medina de Rioseco, respectivamente, comparecerán el día 19 del mismo mes.

Su citación se enmarca en las pesquisas abiertas a raíz de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 4 desestimara el pasado día 27 de julio el recurso presentado por cuatro de los aspirantes a la prueba.

Aunque el juzgador no estimó las pretensiones de los recurrentes, sí observó la existencia de una serie de irregularidades en la celebración de la prueba, dado que algunos de los opositores reconocieron haber tenido acceso a las preguntas y que algunos funcionarios de la Diputación de Valladolid, entre ellos algunos jefes de parques de bomberos, podrían ser los responsables de la filtración.

Ante ello, el juez dio traslado de lo actuado a la Fiscalía de Valladolid por si los hechos fueron constitutivos de infracción penal, con lo que la acusación pública acordó la apertura de una investigación recaída en el Juzgado de Instrucción 1, que ahora cita a cinco denunciados.

Grabaciones y vídeos

Los recurrentes aportaron en su día al Juzgado de lo Contencioso Administrativo pruebas en forma de grabaciones, vídeos y otros documentos, convenientemente peritados, con los que esperaban demostrar las irregularidades cometidas y el trato de favor recibido en la primera prueba por algunos de los concursantes por parte de varios integrantes del tribunal.

La presentación de los recursos de alzada por parte de quienes se sentían perjudicados, de los cerca de 600 presentados a la prueba, partía de la primera criba realizada entre los más de treinta aprobados tras constatar, según denunciaban, que la totalidad o parte del cuestionario, formado por cincuenta preguntas, había sido filtrado entre algunos de los aspirantes.