La CVE pide una moratoria fiscal de tres meses para garantizar liquidez y evitar el impago

La presidenta de la Confederación de Empresarios de Valladolid (CVE), Ángela de Miguel, ha escrito sendas cartas dirigidas al subdelegado del Gobierno Emilio Álvarez y a la delegada Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y león, Georgina de la Lastra, en las que ha trasladado la "urgente necesidad de aplicar una moratoria fiscal" de tres meses y de ámbito estatal, como fórmula para "garantizar la liquidez y evitar el impago" de las empresas de Valladolid.

De Miguel ha incidido en que las empresas, al igual que el resto de la sociedad, están viviendo una situación "dramática". "Producen sin poder dar salida a sus productos, no ingresan, están sufriendo la ruptura de la cadena de pago y tienen grandes dificultades para mantener el empleo y hacer frente a sus obligaciones tributarias", explica en la carta remitida a Europa Press.

La presidenta de la CVE señala que en unas circunstancias como las actuales, entraña para las empresas una "enorme dificultad" el cumplimiento de obligaciones tributarias formales como llevar la contabilidad de forma puntual, el suministro inmediato de información al que están obligadas algunas empresas o la confección de autoliquidaciones o su presentación.

"Tampoco tiene mucho sentido tener que pagar IRPF e Impuesto de Sociedades del ejercicio de 2019, cuando en el ejercicio de 2020 habrá, en la mayor parte de los casos, bases imponibles negativas a compensar en el ejercicio 2021 y siguientes, por lo que en una situación excepcional como la actual, consideramos que se debería actuar a la inversa", agrega.

Por ese motivo, "y siguiendo el ejemplo que están desarrollando otras administraciones públicas como las Haciendas Forales, Andalucía o Aragón", desde la Confederación Vallisoletana de Empresarios solicitan un aplazamiento de "tres meses" para la presentación de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias, así como poner en funcionamiento algún mecanismo para que el pago de estas cantidades aplazadas pueda realizarse de forma fraccionada durante los seis meses siguientes al aplazamiento.