Fiscalía de Valladolid pide tres años y medio de cárcel para el gerente de la residencia 'El Albero' por estafa

Fiscalía de Valladolid solicita una condena de tres años y medio de cárcel para el que fuera gerente de la residencia de La Pedraja de Portillo 'El Albero', J.D.R, por delito continuado de estafa sobre una pareja a la que, presuntamente, cargó en sus cuentas, sin su autorización, cantidades muy superiores a las que correspondía por los servicios prestados.

La causa, tras el último auto de apertura de juicio oral dictado por el Juzgado de Instrucción número 5, será vista en su momento por la Audiencia de Valladolid, donde el Fiscalía se presenta con la referida petición de cárcel, junto con una multa de 3.240 euros y, en concepto de responsabilidad civil, el pago de una indemnización de 39.687 euros en favor de los herederos de Dolores E. y de 28.075 a favor de los herederos de Isidoro F.D, con responsabilidad civil subsidiaria de Maludán Geriátricos S.L, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Por su parte, la acusación particular, en representación de ambos residentes, ya fallecidos, eleva la petición de condena a cinco años de cárcel y multas de 3.900 euros e imputa también a la esposa del principal inculpado, M.L.R.B. Les acusa de un delito continuado de apropiación indebida y de otro leve de apropiación indebida, relacionado este último con la desaparición de un reloj, unos pendientes y una alianza de oro de ella.

Además, la representante legal de las víctima pide la inhabilitación de los dos acusados por espacio de cinco años para cualquier profesión u oficio relacionado con el cuidado de personas mayores y discapacitados, tanto en el ámbito residencial como sanitario o a domicilio, y en concepto de responsabilidad civil interesa una indemnización global de 75.343 euros a favor de los herederos de la pareja.

Fianza de 88.500 euros o embargo 

En este sentido, el juez instructor de la causa ya ha requerido a los acusados para que en el plazo de tres días presten fianza por importe de 88.500 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérseles, bajo la amenaza de embargo de bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.

J.D.R. era gerente de la residencia 'El Albero' y administrador solidario, junto a su cónyuge M.L.R, de 'Maludán SL', sociedad a la que pertenecía dicha residencia.

Las acusaciones--el fiscal solo acusa al marido y la acusación particular al matrimonio--consideran probado que se cargaron en las cuentas de los residentes Isidoro F.D. y Dolores E. cantidades muy superiores a las que correspondían por la estancia y prestaciones recibidas por éstos, realizándose dicha conducta a lo largo de varios años (2016 a 2018).

Aunque J.D.R. sostiene que se trataba de un préstamo, la Audiencia Provincial, en respuesta a un recurso, ya advirtió de que no puede tomarse en consideración pues no hay documento alguno al respecto, "siendo anómalo realizar este tipo de negocio por el gerente con mayores ingresados en la propia residencia, tratándose en este caso de personas de avanzada edad, padeciendo además Dolores un deterioro cognitivo, y la dinámica comisiva no parece corresponderse con este tipo de negocio jurídico", de ahí los indicios de que los acusados pudieran haber incurrido en un delito patrimonial.

Aunque la esposa también pidió el sobreseimiento de la causa contra ella, la Audiencia de Valladolid rechazó tal pretensión al entender que se aprecian indicios que impiden descartar
su eventual intervención en los hechos punibles "pues, con independencia de que su marido llevase más directamente la gestión económica, ella era también administradora solidaria, junto con aquel, de la entidad que explotaba la residencia".

Además, recuerda que las cantidades objeto de presunta apropiación son importantes, "con lo cual no resulta ilógico inferir que la administradora las conociese en relación con la marcha del negocio; y que esos cobros indebidos se ingresaban en favor y en beneficio de la familia integrada por su marido y por ella, en cuentas de titularidad de ambos".

Pero a mayores, a la pareja se la acusa igualmente de una presunta apropiación de bienes de Dolores E, en concreto de un reloj y unos pendientes y una alianza de oro, investigación que el tribunal acuerda que siga también su curso pues, "sin ánimo de prejuzgar, no deben ser

excluidos del ámbito de la imputación a la vista de que se aportan datos sobre la preexistencia de los mismos y teniendo en cuenta el contexto en que se enmarcan estos hechos y la posición de los imputados como personas con posibilidad de control de esos bienes, con lo cual resulta procedente permitir que tales hechos sean objeto de debate y prueba en el plenario, bajo las garantías y principios que lo informan".

Los hechos que se vienen investigando obligaron en su día a la juez del caso a declarar 'compleja' causa, a petición del Ministerio Fiscal, y a ampliar la instrucción.