Mantienen las peticiones de cárcel para los acusados de falsificar el contrato de Sodeprin

Fiscalía y Asaja Valladolid han mantenido este jueves sus peticiones respectivas de cárcel para el expresidente de la organización agraria, Lino Rodríguez; su esposa, Ana de la Fuente, y el exmiembro de la Junta Directiva, Enrique Vallejo, al considerar probado que falsificaron un contrato de arrendamiento de servicios con la empresa Sodeprin, de la que los dos primeros fueron administradores, con el fin de cobrar una factura de casi 28.000 euros.

La tercera y última jornada celebrada en la Audiencia de Valladolid ha servido para que las partes personadas en la causa anunciaran su propósito de no modificar ni una coma de sus escritos y expusieran sus informes finales, en los que las acusaciones pública y particular coinciden en imputar a los tres acusados un delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con otro de estafa procesal en grado de tentativa.

Del primero, a juicio de los acusadores, serían autores los tres y del segundo ella como autora y los otros dos como cooperadores necesarios, con peticiones de entre un año y nueve meses de cárcel y multa de 2.700 euros para cada uno de ellos, según el escrito de la fiscal del caso, y los dos años y tres meses y sanciones económicas por importe de 3.000 que solicita Asaja.

En sus alegatos, Fiscalía y Asaja Valladolid han coincidido al señalar que nadie discute que Sodeprin S.L. efectuó trabajos para cerca de 160 asociados de la comarca de Medina del Campo, en labores de alta y baja de trabajadores, pero han recordado que el objeto de la presente causa es dirimir si los tres acusados falsificaron o no un contrato con el fin de demostrar la existencia de un vínculo jurídico entre el sindicato y la prestataria del servicio para garantizarse el cobro de 27.789 euros en un proceso de demanda que se dirimía en el juzgado.

No hubo comité ejecutivo

Y es en este punto donde las acusaciones no tienen ninguna duda de que los acusados simularon el referido contrato, al que pusieron fecha 9 de abril de 2017 y en el que hicieron constar que el mismo había sido aprobado dos días antes en un Comité Ejecutivo de Asaja, sin que el mismo llegara a celebrarse y sí una Junta Directiva en la que no fue abordada dicha cuestión.

"Es un contrato falso en el que se pretende simular la intervención de la persona jurídica de Asaja, por mucho que la firmaran el entonces presidente, Lino Rodríguez; su esposa, en calidad de administradora de Sodeprin, y Enrique Vallejo y estamparan el sello de la organización agraria", ha advertido la fiscal, mientras que el abobado de la acusación particular ha incidido en que un contrato así tenía que haber contado con la autorización del Comité Ejecutivo de la OPA, "un órgano que nunca se reunió en la fecha señalada por las defensas".

El letrado de la organización agraria ha recordado que en 2015 Asaja ya atravesaba por una fase convulsa, ya que comenzaron los procedimientos judiciales por distintos escándalos, y que en ese contexto tanto Lino como su pareja eran conscientes de que nunca conseguirían que el Comité Ejecutivo diera luz verde al pago de facturas con Sodeprin ni a la firma de un contrato de arrendamiento de servicios.

"Por eso actuaron de este modo. No negamos que esos servicios profesionales de Sodeprin a asociados de Medina sean reales, pero nadie sabía que tenían que ser cobrados al margen de la asesoría fiscal y contable que la empresa venía prestando ya a la organización", ha indicado el acusador particular, que, en declaraciones recogidas por Europa Press, también ha matizado que en julio de 2016 la mercantil ya logró cobrar una factura de 4.800 euros de una comisión por trámites laborales "según hoja de encargo".

En este sentido, el abogado de Asaja entiende que esa factura ya incluía todos los honorarios por los trabajos prestados, a pesar de lo cual, ha denunciado, Sodeprin giró luego otra factura por más de 27.000 euros y "ocultó intencionadamente" la primera, que no aportó a la presente causa, en un intento de ocultar que ya había sido convenientemente abonada.

Las acusaciones coinciden igualmente en que ese contrato supuestamente falsificado dio lugar igualmente a otro delito de estafa procesal en grado de tentativa al aportar el documento al proceso de demanda para garantizarse el cobro de casi 28.000 euros de la OPA.

Asaja no quiere pagar 

En el bando opuesto, las tres defensas de los acusados han mantenido su solicitud de un fallo absolutorio tras mantener, en la línea expuesta por sus clientes, que el dubitado contrato fue aprobado en las reuniones del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de Asaja celebradas el 7 de abril de 2015, en las que se dio luz verde al mismo como uno de los distintos puntos que quedaron en un segundo plano ya que el verdadero objeto de ambos encuentros era aceptar el pago de 201.000 euros adeudados a la Agencia Tibutaria.

El defensor de Lino Rodríguez ha apuntado además que Lino Rodríguez y su esposa no estaban obligados a falsificar un contrato por cuanto podían haber acudido directamente a la vía civil para reclamar las cantidades reclamadas, al tiempo que ha atribuido el proceso penal abierto en la Audiencia de Valladolid al intento de Asaja de no afrontar sus obligaciones.

"Lo único que quiere Asaja es no pagar la deuda contraída alegando que el contrato es falso", ha resumido la defensa del exlíder agrario, que en caso de sentencia condenatoria por este caso sería ya la cuarta consecutiva en los últimos años--acumula ya quince años y medio de cárcel y se encuentra ingresado en Nanclares de Oca--a la que podrían sumarse otras ya que tiene pendientes otros tres procedimientos penales.