El 10 de febrero de 2022 habrá juicio por el caso de la residencia 'El Albero' por estafa

La Audiencia de Valladolid ha fijado para el día 10 de febrero de 2022 el juicio contra el que fuera gerente de la residencia de La Pedraja de Portillo 'El Albero', J.D.R, y su exmujer por delito continuado de estafa sobre una pareja a la que, presuntamente, cargaron en sus cuentas, sin su autorización, cantidades muy superiores a las que correspondía por los servicios prestados, según informa Europa Press.

Fiscalía de Valladolid solicita una condena de tres años y medio de cárcel para él, junto con una multa de 3.240 euros y, en concepto de responsabilidad civil, el pago de una indemnización de 39.687 euros en favor de los herederos de Dolores E. y de 28.075 a favor de los herederos de Isidoro F.D, con responsabilidad civil subsidiaria de Maludán Geriátricos S.L, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Por su parte, la acusación particular, en representación de ambos residentes, ya fallecidos, eleva la petición de condena a cinco años de cárcel y multas de 3.900 euros e imputa también a la ya exesposa del principal inculpado, M.L.R.B. Les acusa de un delito continuado de apropiación indebida y de otro leve de apropiación indebida, relacionado este último con la desaparición de un reloj, unos pendientes y una alianza de oro de ella.

Además, la representante legal de las víctima pide la inhabilitación de los dos acusados por espacio de cinco años para cualquier profesión u oficio relacionado con el cuidado de personas mayores y discapacitados, tanto en el ámbito residencial como sanitario o a domicilio, y en concepto de responsabilidad civil interesa una indemnización global de 75.343 euros a favor de los herederos de la pareja.

Frente a ello, la defensa pide un fallo absolutorio al enmarcar los hechos en un ilícito civil, ya que su cliente alega que mantenía una buena amistad con Isidoro y fue esta razón la que llevó al anciano, sabedor de la mala situación económica del primero, a autorizarle a realizar cargos en su cuenta, de la que era cotitular junto con Dolores, muy superiores a las estipuladas a modo de préstamo, con la promesa del encausado de devolverle esas cantidades en cuanto pudiera.

Sin embargo, el procesado asegura que no pudo hacerlo ante el repentino fallecimiento de Isidoro y cifra el total de lo adeudado en un total de 64.354 euros.

En el juicio, que se celebrará el 10 de febrero del próximo año en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial, se analizará la conducta de J.D.R, gerente de la residencia 'El Albero' y administrador solidario junto a su entonces cónyuge, M.L.R, de 'Maludán SL', sociedad a la que pertenecía dicha residencia.

Las acusaciones--el fiscal solo acusa al varón y la acusación particular al que fuera matrimonio--consideran probado que se cargaron en las cuentas de los residentes Isidoro F.D. y Dolores E. cantidades muy superiores a las que correspondían por la estancia y prestaciones recibidas por éstos, realizándose dicha conducta a lo largo de varios años (2016 a 2018).

J.D.R. defiende que se trataba de un préstamo

Aunque J.D.R. sostiene que se trataba de un préstamo, la Audiencia Provincial, en respuesta a un recurso, ya advirtió de que no puede tomarse en consideración pues no hay documento alguno al respecto, "siendo anómalo realizar este tipo de negocio por el gerente con mayores ingresados en la propia residencia, tratándose en este caso de personas de avanzada edad, padeciendo además Dolores un deterioro cognitivo, y la dinámica comisiva no parece corresponderse con este tipo de negocio jurídico", de ahí los indicios de que los acusados pudieran haber incurrido en un delito patrimonial.

Aunque la exesposa también pidió el sobreseimiento de la causa contra ella, la Audiencia de Valladolid rechazó tal pretensión al entender que se aprecian indicios que impiden descartar su eventual intervención en los hechos punibles "pues, con independencia de que su marido llevase más directamente la gestión económica, ella era también administradora solidaria, junto con aquel, de la entidad que explotaba la residencia".

Además, recuerda que las cantidades objeto de presunta apropiación son importantes, "con lo cual no resulta ilógico inferir que la administradora las conociese en relación con la marcha del negocio; y que esos cobros indebidos se ingresaban en favor y en beneficio de la familia integrada por su marido y por ella, en cuentas de titularidad de ambos".

Pero a mayores, a la expareja se la acusa igualmente de una presunta apropiación de bienes de Dolores E, en concreto de un reloj y unos pendientes y una alianza de oro, investigación que el tribunal acuerda que siga también su curso pues, "sin ánimo de prejuzgar, no deben ser excluidos del ámbito de la imputación a la vista de que se aportan datos sobre la preexistencia de los mismos y teniendo en cuenta el contexto en que se enmarcan estos hechos y la posición de los imputados como personas con posibilidad de control de esos bienes, con lo cual resulta procedente permitir que tales hechos sean objeto de debate y prueba en el plenario, bajo las garantías y principios que lo informan".

Los hechos que se vienen investigando obligaron en su día a la juez del caso a declarar 'compleja' causa, a petición del Ministerio Fiscal, y a ampliar la instrucción.