“La Ley de Indulto crea la idea de que el Gobierno puede deshacer lo dictado por la Justicia”

Francisco Javier Carranza Cantera suma más de dos años al frente de la Audiencia de Valladolid. El pasado 24 de julio del 2019, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial le nombraba presidente para suceder en el cargo a Feliciano Trebolle, al vencer el mandato de este último.

Tras ello, tiempo de trabajo y mucho y de lucha contra el coronavirus, con una adaptación de la Justicia a la situación y con la importancia supina de una digitalización que llega para quedarse en el ámbito judicial.

A sus 60 años el de Baltanás (Palencia) lleva viviendo desde los 12 en Valladolid y abre la puerta de su despacho a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León para hablar sobre cuestiones locales, como el anhelado Campus de la Justicia, pero también para hacer un repaso a la actualidad nacional, con el Crimen de Lardero, la Sentencia del ‘Procés’ o la renovación de Consejo General del Poder Judicial como protagonistas.

¿Cómo valora el presidente de la Audiencia de Valladolid el crimen de Álex, el niño de 9 años en Lardero? ¿Se podría haber evitado?

Aquí estamos en el terreno de pronunciarse a posteriori, cuando los hechos ya se han cometido que es cuando suenan las alarmas y es difícil dar una opinión. Conozco el caso por la prensa pero no el expediente penitenciario que se ha llevado y que determinó la decisión de poner al preso en libertad.

Puedo apuntar que el perfil del delincuente, una persona que había cometido ya un homicidio y una agresión sexual, apuntan a problemas en orden a la reinserción. Se conocen casos de difícil reinserción al este respecto.

Había unos órganos técnicos que han hecho unos informes y finalmente se ha optado por la libertad, con craso error a la vista de acontecimientos posteriores, pero también es verdad que esos órganos técnicos tienen que hacer un juicio de valor hacia el futuro. Esos juicios de valor entrañan unos elementos en los uno puede equivocarse.

Es difícil, hoy por hoy, la pena de prisión está orientada a la reinserción. Si se considera, en este caso con error, que el sujeto estaba reinsertado lo que procedía es la libertad. También es verdad que hubo discrepancias de opiniones y que los órganos técnicos indicaron que no se había producido esa reinserción.

Los órganos decisorios del Ministerio de Justicia opinaron que sí que estaba reinsertado. Quién toma la decisión este último órgano, asesorado por el técnico. A la vista está que hubo una equivocación.  Parece evidente que este sujeto no tendría que haber salido de la cárcel.

Se ha vuelto a abrir el debate de la prisión permanente revisable con este tema. ¿Es usted partidario?

Los jueces no somos partidarios o dejamos de serlo. Nosotros cumplimos y aplicamos la ley y no tenemos objeción de conciencia con respecto a la misma. La prisión permanente revisable es una pena legalmente establecida declarada constitucional por el Tribunal Constitucional y, por tanto, aplicable.

Es a estos tipos de delitos a los que se anuda, y a otros más graves aún sobre personas más vulnerables, como un niño. En este caso el pobre Álex.

Al ser revisable no excluye la posibilidad última de la reinserción, pero al ser permanente permite mantener aislados de la sociedad a sujetos evidentemente peligrosos que pueden cometer estos delitos atroces.

¿Cómo ha vivido estos dos primeros años al frente de la Audiencia de Valladolid?

Han sido dos años agitadísimos por el coronavirus. Tomo posesión en septiembre de 2019 y la pandemia se declara en marzo de 2020, cuando apenas llevaba cuatro o cinco meses. Esto nos ha obligado a reajustar sistemas de trabajo, a posponer proyectos y a reorientar otros, pero el trabajo ha sido durísimo y, al mismo tiempo, sordo en el funcionamiento. Creo que hemos conseguido lo que se pretendía que era mantener el servicio de justicia en todo momento en funcionamiento.

Me gusta precisar, siempre que se me hacen estas preguntas, que hablamos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de los médicos, transportistas… con toda la razón del mundo para mantener esos servicios esenciales pero muchas veces nos olvidamos de justicia que también mantuvo ese servicio esencial. Los juzgados de guardia siguieron abiertos, se continuó enjuiciando a la gente, sobre todo las causas con presos y en las urgentes.

La justicia también constituyó un servicio esencial y se mantuvo en pie. Se hizo un trabajo desde el domicilio, en muchos casos. Hemos incorporado un sistema telemático que son ahora habituales. Eso nos permitió seguir trabajando y atendiendo la situación.

Los que teníamos más responsabilidades a la hora de tomar decisiones, carecimos de horarios. Formamos un grupo de WhatsApp entre las personas con esas responsabilidades como el juez decano, el gerente, el secretario coordinador, los presidentes de las salas de Valladolid y nos fuimos comunicando día a día, hora a hora, porque en esas situaciones de urgencia lo peor es la desinformación y lo más importante es la información y, sobre todo, la confianza.

¿Con cuál de las decisiones tomadas a lo largo de estos dos años está más satisfecho el presidente de la Audiencia de Valladolid?

Nunca estás satisfecho del todo con las decisiones porque todo es susceptible de mejora. Si tuviese que destacar algo me quedaría con las prevenciones que dicté al comienzo de la pandemia cuando todavía no había instrucción del Ministerio. Los que estábamos a pie de provincia tomamos decisiones. Todas las gestiones relacionadas que llevé a cabo para conseguir EPIS para los funcionarios atendiendo a entidades privadas o al Colegio Cristo Rey, de Valladolid, a los que agradecemos lo que les prestamos cuando no había nada.

Se han hecho otras cosas. Un protocolo de juicios telemáticos con la aportación del Colegio de Abogados, el juez decano, el secretario coordinador… todos nos pusimos de acuerdo antes de que el Consejo General del Poder Judicial sacase su protocolo. Empezamos a funcionar y pudimos celebrar juicios, con dificultades, pero desde el primer momento.

Quiero destacar otros dos protocolos que impulsé, uno relativo a las cláusulas suelo y a las comisiones, que se firmó con las entidades bancarias para abreviar el procedimiento y que no llegasen a juicio para que se llegasen a acuerdos con los propios bancos con el fin de abonar a los consumidores sus deudas. Y un último protocolo, este mucho más reciente, sobre buenas prácticas procesales, que se presentó a la sala de gobierno, del Tribunal Superior de Justicia, y esta aprobó dicha iniciativa y la ha trasladado a una comisión mixta, entre jueces y abogados, a nivel de Castilla y León.

Javier Carranza durante la entrevista con EL ESPAÑOL

¿Es la sombra de Feliciano Trebolle alargada, tras 16 años, y tras tomar posesión usted?

Feliciano y yo somos amigos. Nos conocemos desde hace muchos años. Cuando llega a la presidencia de la Audiencia Provincial yo era ya juez decano y empecé a trabajar con él desde el principio. Es un gran amigo, un gran juez y un gran presidente.

El propio Feliciano Trebolle fue el impulsor del Campus de Justicia. Usted prefiere llamarla Plaza de la Justicia. ¿Le ha dado su antecesor algún consejo para tratar el tema?

Ha habido dos proyectos. Ambos tenían la misma finalidad de dotar a Valladolid de unas instalaciones para la justicia adecuadas y centralizadas en la ciudad.

Si contamos el instituto de medicina legal, y las dependencias del anatómico forense tenemos ocho sedes, con el correspondiente coste económico para el Ministerio y con las dificultades de coordinación, seguridad y de todo tipo que supone esa dispersión. Uno de los proyectos, el que defendió Feliciano, se basaba en la parcela del Barrio Girón. No salió adelante.

El siguiente proyecto es el que retomó el actual alcalde ubicando el proyecto en el Colegio El Salvador y en la parcela del aparcamiento de la antigua residencia. Ese es el que está sobre la mesa, el real, el actual y en el que se han dado pasos importantes. Por eso le llamo Plaza de la Justicia, Ciudad de la Justicia es un término un poco grandilocuente.

En el entorno de la Plaza de San Pablo, que estén todos los edificios judiciales de Valladolid. Esa es la apuesta actual y en la que estoy empeñado, firmemente, y con la que tengo constantes contactos con el alcalde. En estos momentos se ha realizado el presupuesto fundamental, que hasta entonces no existía y las dos parcelas están ya en manos del Ayuntamiento.

Como apunta, el Ayuntamiento de Valladolid ya ha comprado por más de 8 millones los terrenos para cederlos al Ministerio. ¿Cómo ve la operación?

Ahora mismo está pendiente que el Ministerio reciba esos terrenos para que den comienzo los trámites para la construcción del edificio. Trámites que no son sencillos y que se alargarán en el tiempo porque tiene que haber un proyecto, un concurso para atribuir el proyecto de edificación, una adjudicación de la obra y una licitación. Todo eso son trámites administrativos y la contratación administrativa es compleja. Eso llevará su tiempo y en eso estamos.

El día de su toma de posesión ya se lo dejó claro al alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Es una obra prioritaria para la ciudad. ¿Cuándo puede estar listo este nuevo proyecto?

La estimación la tengo que hacer desde el punto de vista de un profano. No soy constructor. Esto se tiene que alargar porque la obra es compleja. Mis noticias son que la parcela de El Salvador ya está adquirida por más de ocho millones de euros. La otra parcela, también está adjudicada, pero hay un problema de regularización en el Plan Urbanístico que se tiene que hacer también a principios de diciembre. A partir de ahí, las dos parcelas formarán un todo y el Ministerio las tiene que recibir. Parece que no quería recibir primero una y después la otra sino las dos juntas.

A partir de ese momento, el Ministerio tendrá todo lo necesario para poner en marcha el proyecto. Si se hace en 2022 y haciendo una estimación desde el punto de vista personal, casi un año se irá en trámites como el concurso, valorarlo y en el 2023 puede que se ponga la primera piedra. A partir de aquí, lo que tarde en hacerse un edificio de esta consideración. Puede ser un año, o dos. Siendo prudente, yo siempre he colocado como horizonte el 2025, si puede ser el 2024, mejor.

¿Habla con Puente sobre esto con regularidad?

Sí, mantenemos contactos periódicos. El alcalde es muy receptivo, ha tomado este tema como una cuestión prioritaria en su labor de director del Ayuntamiento y como una obra necesaria.

En los presupuestos que hemos conocido el mes pasado solo aparecen 100.000 euros destinados al Campus. Parece que el grueso, 2,5 millones, se destinarán en 2024 y 5,2 millones en 2025. ¿Cree que se está demorando en demasía?

La construcción de un edificio de estas características es así. Probablemente primero haya que demoler el inmueble que ya está porque no se va a atener demasiado a nuestras necesidades. Segundo, parece ser que el Ministerio quiere que el edificio se adapte ya a la nueva concepción de la oficina judicial. Están pendientes también las construcciones de los Tribunales de Instancia. No quieren hacer edificios que se queden obsoletos o no adaptados a la nueva estructura judicial.

Es cierto que en el presupuesto de este año sacaron 100.000 euros, que supone un incremento de 70.000 euros respecto a los 30.000 euros simbólicos del año anterior, pero en este momento no me parece muy relevante que sean, en vez de 100.000, 400.000 pero yo, si hubiera sido ministro, hubiese puesto una cantidad superior como un signo, o señal de decir: “Estamos en ello y poniendo en marcha el proyecto”. Lo importante es que ha aumentado y para los trámites en los que estamos ahora, hasta sobran.

Hablando del alcalde, la jueza del Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid ha archivado hace unos días la causa contra el mismo por el tema de las vacaciones en yate. ¿Cómo lo valora?

Nunca me niego a responder a ninguna pregunta pero, en este caso, lo que tengo que decir es que no tengo nada que añadir. Las decisiones judiciales son decisiones judiciales y todos debemos respetarlas.

Lamentablemente, últimamente nos encontramos ejemplos de responsables políticos y de otro orden que no respetan las decisiones judiciales y crean conflictos institucionales muy graves y nos remitimos a lo dicho. La resolución está dictada y no hay mucho más que añadir.

¿Cómo están los juzgados de Valladolid ahora mismo? ¿Hay colapso tras la pandemia?

Se ha trabajado en pandemia. El problema es que hubo un hecho insólito en la historia judicial reciente española. Los juzgados estuvieron, salvo en esas cuestiones urgentes y servicios esenciales de los que hemos hablado, paralizados en el trámite ordinario. Estuvimos tres meses con paralización. Eso supone que van entrando asuntos pero que no salen. En un momento se produjo un atasco que no fue tan importante como nosotros preveíamos y, al final, todo este retraso se ha ido paliando hasta el punto de que, en este momento, ese retraso está enjugado. Eso ha exigido celebración por las tardes de juicios, incremento de horarios, esfuerzo especial para sacar esas resoluciones y, los jueces de Valladolid lo han hecho.

Ahora nos queda el retraso que pueda producirse después porque se ha visto un incremento de los asuntos civiles y mercantiles. La pandemia pasa factura y ha habido gente que ha perdido el trabajo, que no puede sacar adelante su negocio y tiene que cerrar. Eso deriva en incumplimientos contractuales, de hipotecas, de orden mercantil y en un incremento en materia civil y mercantil. También en materia social, en derecho laboral. Eso ha hecho aumentar el número de asuntos en lo Social.

El problema también es que hay un tapón que se produce por los ERTES. La pregunta es qué va a ocurrir cuando finalicen tras prolongarse trimestre a trimestre. En este momento es pronto para decirlo pero sí prevemos un incremento de asuntos civiles, mercantiles y laborales.

¿Cuál es la causa más compleja abierta? ¿La que más le preocupa?

Causas complejas siempre existen. Es difícil elegir una u otra. Como presidente de la Audiencia Provincial estoy informado de las causas, sobre todo penales, más complejas. Tenemos el tema de las Eólicas, los juicios con jurados populares… De aquí al mes de mayo en la Audiencia Provincial se van a celebrar causas bastante complejas. Bien porque son graves o porque afectan a múltiples acusados.

¿Cómo ve la causa de las Eólicas?

Yo soy el presidente de la Audiencia. Mi sección es Civil y quién lleva esto es la sección penal. Para preguntar sobre el estado concreto de una causa determinada le remito al presidente de la sección correspondiente.

¿Cuánto se tarda en resolver una de estas más complejas?

Es una respuesta muy difícil de dar porque es muy variable. Depende de la causa de la que hablemos. Los periodistas siempre asocian causa compleja con causa penal y, a veces, las causas penales son complejas y difíciles pero otras veces lo son las civiles o las del Contencioso-Administrativo o las Laborales. Depende.

También varía en función al ritmo que lleve cada sección y juzgado. De la capacidad de trabajo personal que tenga cada juez, de las circunstancias. Es muy variable. Muchas veces podemos ver que los plazos dados en la ley son escasos para abordar la complejidad de las causas.

Cuanto más compleja y más folios tengan de sumario o de expediente, más pruebas se practiquen y el asunto sea más complejo, evidentemente determina más tiempo en su resolución.

¿Se va a ampliar el número de jueces?

Los jueces entran por oposición. Este año han salido 200 plazas, menos de las que se había hablado, eso con carácter nacional. En Valladolid, voy a reducirlo a dos juzgados. Uno creado ya que es el Juzgado de lo Social que era necesario el año pasado. Creado el Juzgado Mercantil que también era necesario y que se va a constituir el 31 de diciembre, lo que queda es el incremento que se ha producido en los asuntos civiles. Sería necesario un Juzgado de Primera Instancia sobre todo en previsión de lo que pueda venir.  Y también un nuevo Juzgado de Familia. Aquí aunque los números no se han incrementado tanto, lo cierto es que es una materia sensible. Los temas de familia, muchas veces, no admiten mucha demora. Hay que decidir sobre custodias, sobre cuestiones muy sensibles, alguna de ellas relacionadas con violencia de género o que pueden derivar en ello si no se resuelven con rapidez. Llevo interesado desde hace dos años en la creación de un nuevo Juzgado de Familia.

Yo solicito este juzgado, va a Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y luego es el Consejo el que recoge las peticiones. El Ministerio de Justicia, que es el que tiene que dotar presupuestariamente y acordar la creación, lo hace o no. Es una decisión de oportunidad. Espero que esas decisiones que hace Valladolid, que creemos justas, se atiendan.

Hablando del coronavirus, el Constitucional anuló la semana pasada el segundo decreto del Estado de Alarma contra la pandemia, del 9 de noviembre al 9 de mayo. ¿Cómo lo valora?

De la misma manera que he valorado la decisión sobre la causa contra el alcalde. Hay una decisión judicial, en este caso del Tribunal Constitucional, y a ella me atengo. Nosotros tenemos que acatar y seguir la jurisprudencia y la sentencia que ha declarado inconstitucional el Estado de Alarma en esas dos fases.

¿Y cómo vivió la anulación del Supremo del toque de queda a las 20.00 que se desarrolló desde el 16 de enero en Castilla y León?

Lo mismo. El Tribunal Supremo, en aplicación estricta de la Ley, decidió en un momento determinado que eso suponía una extralimitación en las medidas que podía adoptar la Junta de Castilla y León. Aquí no se discuten finalidades. Todas estas medidas se tomaron con buena fe y por la salud de la ciudadanía pero eso no quiere decir que por conseguir esa finalidad se tenga que quebrantar la ley.

Los poderes públicos tienen que conseguir las finalidades que les corresponde en cumplimiento de la Ley y no al margen de la misma. El Tribunal Constitucional respecto de ese punto y el Supremo, del otro, declararon que eso no era conforme a la Ley y hay que acatarlo como no podía ser de otra forma.

¿Cómo ve la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado desde hace más de 1.000 días?

Este problema era muy fácilmente solucionable. Aunque a la vista de los hechos parece que la cosa es muy difícil pero realmente no lo es.

Soy firme defensor y partidario del sistema original de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial de procedencia judicial porque creo que es el que está en la Constitución y es el que mejor responde al espíritu de la Constitución. No hay más que remontarse a lo que dijo el Tribunal Constitucional en su momento, asegurando que el sistema actual es compatible con la Constitución pero que el que mejor responde al espíritu de la Constitución es el anterior.

Para prevenir lo que está ocurriendo ahora que es una excesiva politización de los vocales. La invasión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Toda esta situación se hubiese evitado si a los vocales de procedencia judicial los hubiesen elegido sus pares, sus propios jueces. Como son 12 de 20, el órgano se hubiese renovado sin problema y no estaríamos ante esta situación de bloqueo. Esto es lo que responde al espíritu que nos está indicando la Unión Europea y al estándar de la mayor parte de los países europeos en los que los poderes judiciales constituídos, los consejos superiores de la magistratura, responden a esa idea. Tiene que haber una preponderancia de los vocales de procedencia judicial elegidos por los propios jueces para evitar lo que está ocurriendo: que por razones políticas, que no son del caso, se está retrasando.

Lo que es cierto es que el partido de Gobierno y el principal de la oposición no se ponen de acuerdo y tenemos el Consejo sin renovar.

Javier Carranza en su despacho

El PP pide un poco esto, que se modifique el método de elección de los vocales para que los jueces elijan a 12 de los 20 vocales en la próxima renovación. Es por lo que apuesta usted.

Así es. Es por lo que está apostando, en este momento, el Partido Popular. Y digo en este momento porque esto se lleva planteando hace tiempo y ocurre que los dos grandes partidos, ninguno de ellos ha llevado a efecto esto por más que lo hubiese llevado en sus programas. De aquellos polvos vienen estos lodos.

¿Cuál cree que es la visión que tiene la ciudadanía con respecto a la justicia? ¿Cree que resolver el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial puede ayudar a que se gane en imparcialidad y que la ciudadanía crea más en la justicia?

Hay que distinguir siempre dos planos: es importante transmitírselo así a la ciudadanía. El primero, cada juez, con nombre y apellidos, es independiente de todo y de todos. Lo es porque aplica la ley y nadie puede decirle cómo debe hacerlo. La ciudadanía puede estar tranquila desde ese punto de vista.  Cada juez va a resolver el asunto de cualquier ciudadano con absoluta independencia. No va a estar influido por nada ni por nadie que no sea la aplicación de la ley. Ahora bien, ese juez depende del punto de vista funcionarial u orgánico del Consejo General del Poder Judicial, que es el que adopta decisiones en materia de nombramientos, responsabilidad disciplinaria y otras cuestiones.

Hay determinados órganos, los más altos, que exigen el nombramiento por parte del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial, como está formado por vocales que vienen designados por el Parlamento, ha reflejado la discrepancia o la separación política que existe actualmente.

Desde ese punto de vista, se transmite la idea, falsa, de que los jueces pertenecen o al sector progresista o al conservador. Cada uno de nosotros actuamos con independencia pero es verdad que el nombramiento de los vocales del Consejo solo por el poder político, bien por el ejecutivo o por el legislativo que en el fondo se identifican transmite a la ciudadanía una idea de que a estos vocales los ha nombrado el PSOE y a los otros el PP u otros partidos. Eso transmite a la ciudadanía una imagen de politización de la Justicia. El sistema originario de la designación evitaría el problema.

Es cierto que seguiría habiendo cuatro nombrados por el Congreso y cuatro por el Senado pero 12 serían de procedencia judicial nombrados directamente por los jueces.

¿Han hecho daño las películas?

No sé si a eso se le puede llamar daño o no. A veces, lo que las películas reflejan son situaciones que no son reales. Cuando hablamos de películas estadounidenses se refleja el sistema anglosajón, que se parece en cosas al español pero en otras no.

Me duele más cuando películas españolas que reflejan la actuación de tribunales y juzgados españoles fallan y no se ajustan a la realidad. Introducen la figura del Fiscal malo malísimo, del juez despótico y del pobre abogado defensor. Me gustaría que esas películas, que son la imagen que llega a los ciudadanos, se hiciese de manera más ajustada a la realidad.

¿Cómo vivió la sentencia del ‘procés’ y los indultos? Hay siete recursos que están siendo ya estudiados contra estos indultos por parte del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo dictó una sentencia, en ejercicio de su función jurisdiccional y debe ejecutarse. También está prevista en la ley la prerrogativa del indulto por parte del Gobierno. Si eso me parece negativo o positivo es una cuestión que queda al margen.

Sí puedo dar mi opinión crítica sobre la Ley de Indulto que creo que es obsoleta. Pienso que es decimonónica que está concebida para los movimientos, alzamientos militares o los golpes de estado… La Ley de Indulto crea la idea de que el Gobierno puede deshacer lo dictado por la Justicia.

Creo que el derecho de gracia podría regularse de otra forma para evitar esa imagen. No digo que no pueda haber derecho de gracia pero puede existir algo parecido, reconociendo en el ámbito penitenciario con determinadas ventajas. Sin transmitir esa imagen que por la razón que sea, puede ser política u otra, hace que se deje sin efecto lo dictaminado por los Tribunales de Justicia.

¿Cómo ve los juicios con jurado popular? ¿Cree que debería revisarse su uso?

Está en la Ley. No me corresponde a mí decidir lo que está o no en vigor. A mí no me parece mal, de entrada, la existencia del jurado. Es verdad que no tiene una tradición larga en el sistema español. Lleva funcionando muchos años en el anglosajón. Me parece una manera más de que la ciudadanía participe en la administración de justicia. Sí que, desde el punto de vista técnico, pienso que habría que revisar alguno de los tipos de delitos que están siendo enjuiciados por estos jurados. Delitos más técnicos como malversación de los poderes públicos, que tienen un contenido complejo y técnico, me parece que podrían exceder las capacidades de los ciudadanos normales e introducir un elemento de dificultad más a la hora de enjuiciar.

El caso de la niña Sara se resolvió con jurado popular y le pilló justo ahí en el cambio. Seguro que le impactó.

Creo que ese juicio fue de los últimos juicios con jurado que celebró mi antecesor Feliciano Trebolle.  Fue una resolución más que se impuso. Si no recuerdo mal se decretó la pena de prisión permanente revisable, correcta desde el punto de vista técnico, porque estaba prevista para un delito deleznable como el que se cometió con la niña Sara.

Sobre la custodia compartida, el Supremo mira ahora más por el bien del menor. ¿Cómo lo ve?

El Tribunal Supremo, desde hace tiempo, estableció una doctrina en la que indicaba que la custodia compartida no ha de ser la excepción sino la regla general, en la medida de lo posible. Veníamos de un sistema de custodia exclusiva, luego se ha pasado a que todo tiene que ser custodia compartida y ahora estamos en el justo término, donde tiene que estar.

A veces, la custodia compartida no es conveniente para el menor y eso hay que entenderlo. Con carácter general, si concurren los requisitos normales para conceder la custodia compartida, con la buena relación entre cónyuges, posibilidades horarias y demás, es el mejor régimen porque permite mantener la doble figura, padre y madre. La exclusiva, la figura que no la tiene está menos presente en la vida del menor.

En su toma de posesión apostó por las sentencias menos farragosas y sencillas. ¿Se está consiguiendo?

Esto tiene que ver con el Protocolo de Buenas Prácticas Procesales del que hemos hablado al principio. Ha habido que conjugar intereses para sacar el protocolo adelante.  Del Colegio de Abogados, de los jueces, etc. Fue una iniciativa de esta presidencia.

Se han estado celebrando sesiones durante varios meses. Uno de los puntos que trata es hacer, tanto los escritos  de parte como las sentencias, menos farragosas, más digeribles y más legibles. Sobre todo para el justiciable, que cuando lea una sentencia, pueda entenderlo perfectamente.

Una estructura lógica, extensión correcta de los escritos, utilizar frases más cortas, los puntos, no usar subordinadas y limitar la extensión de los textos.

Los jueces y las partes pierden mucho tiempo leyendo escritos interminables que acaban despistándote. Hay que ir al grano para hacer el trabajo más sencillo a abogados, procuradores, letrados y a todo el mundo.  

¿Cómo ve la digitalización en la justicia? ¿Problema o solución?

Hoy por hoy es más solución que problema. Al principio teníamos muchos pero se han ido ajustando. Al final se ha hecho de manera forzada por la pandemia. En un primer momento, cuando teníamos que hacer videoconferencias para hacer deliberaciones y celebrar juicios y demás utilizábamos el mismo canal. Había muchos jueces en el mismo momento conectados en el mismo canal y había problemas de conexión. Al final, el Ministerio ha ido mejorando el sistema, poco a poco se ha ido ajustando. Sigue habiendo alguna deficiencia pero, en general, los juicios se están pudiendo celebrar de forma telemática. Nosotros, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, lo hacemos la mayor parte de los días.

¿Cómo ve el futuro? Apuesta por la mediación.

Es una de las asignaturas pendientes. En el discurso de presidencia, aunque había otras iniciativas que pretendo llevar a cabo, me centré en tres. Las buenas prácticas procesales, la mediación y la Ciudad de la Justicia. Con la primera y la última trabajadas, queda la mediación. Está pendiente y he comprobado que aquí, en Valladolid, podría funcionar mucho mejor. Hay iniciativas muy interesantes.

He percibido que hay muchas fuentes de mediación no coordinadas entre sí y una falta de coordinación en los resultados, el conocimiento de los resultados y cómo se producen.

Tengo la sensación de que funciona bien cuando está subvencionada, cuando acudir a la mediación no le cuesta dinero al justiciable y no tan bien cuando le cuesta, porque al final se dirige al juez.

Hay que transmitir una idea diferente, que la mediación te permite resolver antes y, en ocasiones mejor, según las materias el conflicto que puedas tener. La mediación, al no estar suscrita a las normas judiciales estrictas, sino a otro tipo de consideraciones, a veces puede ser más satisfactorio para el conflicto planteado.

Es una asignatura pendiente por la que quiero seguir apostando. A mí me gustaría crear en la Audiencia una unidad de mediación que coordine todas las actuaciones.