Valladolid avanzará en 2022 en la atención a la Dependencia 5.0 y la modernización de centros

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destinará el próximo año cerca de 229 millones de euros a la provincia de Valladolid, de los que algo más de 67,8 millones se invertirán en la mejora, modernización y equipamiento de centros y en la prestación de servicios sociales.

Esta última es la cuantía consignada para este territorio en los tres capítulos más inversores del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022, que para el área social por excelencia del Gobierno autonómico alcanza la cifra récord de 1.216 millones de euros, con un crecimiento del 12,5 % sobre las cuentas en ejecución.

Estos recursos se orientarán directamente a las familias y a los colectivos más vulnerables con el doble objetivo de reforzar y mejorar la protección social y acelerar la modernización de los Servicios Sociales para llegar a más personas, mediante una atención personalizada de mayor calidad, garantizando la igualdad en su prestación en todo el territorio autonómico.

Personas mayores, con dependencia y discapacidad

La partida más relevante en términos cuantitativos es la destinada a la atención a la Dependencia, que supera los 30,1 millones. Aquí se contempla la financiación necesaria para avanzar en el despliegue del novedoso sistema de atención a la Dependencia 5.0, que se fundamenta en la adecuación de infraestructuras; la innovación en los procesos; la digitalización de trámites; la extensión por el territorio del proyecto de Atención en Red; el refuerzo de la ayuda a domicilio, y la consolidación de la Teleasistencia Avanzada.

Estos retos explican que la financiación de la dependencia aumente en el conjunto de Castilla y León en casi 96 millones adicionales frente a la fijada este año (el 14,1 % más) y, con 775,39 millones de euros, represente casi el 64 % de todo el presupuesto de la Consejería.

Relacionado con lo anterior y con la atención a las personas mayores y con discapacidad, el abono de las pensiones no contributivas, de ancianidad y enfermedad concentra más de 23,3 millones de euros del presupuesto para la provincia vallisoletana.

En este montante están incluidas, además de las pensiones de jubilación e invalidez para personas sin recursos que no hayan cotizado el tiempo suficiente, las prestaciones económicas –de garantía de ingresos mínimos, por ayuda de tercera persona y para la movilidad– y sociales –asistencia sanitaria y prestación farmacéutica– para personas con discapacidad.

Y es que las políticas de atención a los mayores y a la discapacidad se sitúan en la primera línea de la acción de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. A las primeras se destinan en Castilla y León 284,6 millones de euros, el 24,5 % más que en 2021, para desarrollar los programas incluidos en el Plan Estratégico contra la soledad no deseada y el aislamiento social – al que se van a asignar 25 millones de euros anuales– y reforzar los de envejecimiento activo, además de elevar el 10,2 %, hasta los 87,3 millones, la cuantía dirigida a los conciertos. En el ámbito de la atención a la discapacidad, el presupuesto crece más del 10 % hasta sumar 190 millones de euros para ofrecer más servicios y más plazas.

Inversiones reales

Dentro del capítulo de inversiones reales, son reseñables las obras que van a realizarse en las residencias asistida de ‘La Rubia’ y mixta de Parquesol, ambas en la capital. La intervención de modernización en el primero de estos centros conllevará un desembolso total de casi 4,8 millones de euros, y en los presupuestos de 2022 se ha incluido una partida de casi 1,2 millones con cargo a los nuevos fondos de Resiliencia.

En estos momentos, se está ejecutando ya una reforma en la planta baja y en la zona de cafetería. También se ha adjudicado y se está redactando el proyecto de remodelación para la creación de un nuevo módulo de convivencia.

Por su parte, la obra de la residencia mixta de personas mayores de Parquesol cuenta con 620.676 euros consignados para 2022. El proyecto, que ya se ha adjudicado y va a ser financiado con fondos europeos, contempla la creación de dos unidades de convivencia para adaptar las instalaciones al nuevo modelo de atención centrada en la persona.

Otros de los proyectos que llevará a cabo la Junta con los nuevos fondos europeos de Resiliencia son la adaptación, mejora y digitalización del Centro de Menores ‘José Montero’ (para la que se ha consignado una partida de 702.165 euros en las cuentas del próximo ejercicio, la mitad del coste total) y las obras de remodelación del Zambrana (para las que se han dispuesto 10.000 euros iniciales).

En la provincia, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades acometerá la reforma del centro de menores La Alameda de Mojados, con un presupuesto de 600.000 euros en 2022, de los 1,53 millones de euros totales. Ya se dispone de un proyecto que abarcará obras en cubierta, renovación de baños y carpintería, por lo que en breve se licitará la obra.

Con financiación autónoma se están realizando reformas en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAMP) de Valladolid para la mejora de la funcionalidad de los espacios, con una inversión de casi 35.000 euros (sobre un montante total superior a 356.000 euros) ya en ejecución. La finalidad es contribuir a mejorar las condiciones de vida de los usuarios, en aras a conseguir una mayor privacidad y autonomía, además de una mayor comodidad y confort, en el marco de los nuevos modelos de atención a personas con discapacidad.

Las inversiones consignadas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se canalizan también a través de las corporaciones locales, que recibirán 8,2 millones de euros para intervenciones en sus centros sociales y mejora en su red de recursos. En la provincia de Valladolid, por ejemplo, está prevista una subvención de 515.000 euros a la Diputación Provincial para acometer obras en la residencia Doctor Villacián, y otra de 465.000 euros al ayuntamiento de la capital para inversiones en tecnologías de modernización digital que mejoren sus procesos de automatización de atención residencial, de dependencia y de protección a la infancia.

Tal y como señaló el jueves en las Cortes la consejera del ramo, Isabel Blanco, las cuentas de su departamento para el próximo ejercicio son de récord también en inversión, finalidad a la que se destinan más de 141 millones de euros, casi tres veces más que este año.

Apuesta por las familias y la protección de los más vulnerables

A la protección de los más vulnerables y la lucha contra todas las formas de pobreza destina la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 76,5 millones de su presupuesto. En este apartado tiene su encaje la Renta Garantizada de Ciudadanía –sometida a un proceso de revisión en el Diálogo Social en su convivencia con el Ingreso Mínimo Vital– para la que se consignan 35 millones de euros en la Comunidad, de los que más de 8,5 millones se dirigen a perceptores de Valladolid.

A esto hay que añadir la partida territorializada que resulte de la concesión de las ayudas de emergencia para combatir la pobreza energética gestionadas por las corporaciones locales (que se refuerzan con una aportación extra de la Junta de cuatro millones en 2022 y cuatro en 2023), complementadas con la ayuda extraordinaria y directa de 130 euros a las familias más vulnerables para afrontar la subida de la luz y el gas.

Una de las señas de identidad de los presupuestos del departamento liderado por Isabel Blanco para 2022 es el impulso al Plan Familias, que refuerza el 123 % su dotación hasta los 36,6 millones de euros en las líneas dirigidas a la protección y apoyo a este colectivo. En este montante, que servirá para apuntalar programas y medidas de conciliación, se incluye una partida nueva de 20 millones para ayudas a la natalidad y el cuidado de los hijos.

En el ámbito de igualdad, es reseñable ‘Pajarillos en femenino’, un proyecto piloto de nueva creación, dotado con 35.000 euros, cuyo objetivo es capacitar a las mujeres, de entre 16 y 35 años, residentes en contextos urbanos socio-económicos desfavorables, para ayudarles a mejorar su posición social y laboral en términos de igualdad.