Toro de la Vega en Tordesillas

Toro de la Vega en Tordesillas

Valladolid

La Junta admite que el Toro de la Vega no podrá celebrarse con las nuevas bases y se ajustará a la ley de 2016

El Gobierno autonómico destaca que la Fiscalía haya archivado la petición del Gobierno de suspender de forma cautelar el torneo

9 septiembre, 2022 20:21

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La Junta de Castilla y León explica en un comunicado que el Toro de la Vega, previsto para el martes 13 de septiembre en Tordesillas (Valladolid), no podrá celebrarse bajo las nuevas bases y se tendrá que ajustar al Decreto Ley 2/2016, que prohíbe dar muerte en público al animal. “El torneo del Toro de la Vega se podrá celebrar según la normativa de la Junta de 2016 como reconoce la Justicia de Castilla y León que rechaza la petición del Gobierno de suspenderlo”, explica el comunicado.

El Ejecutivo autonómico responde al auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ha dictado un auto de medidas cautelares, en respuesta a un recurso de Pacma, en el que suspende cautelarmente la ejecutividad de la orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se declaran las bases aprobadas por el Ayuntamiento de Tordesillas de celebración del espectáculo taurino.

Por ello, el espectáculo, señala la Junta, podrá celebrarse "de conformidad a como se venía realizando en los años anteriores". "Todo ello queda, en definitiva, a expensas del enjuiciamiento definitivo de fondo de la cuestión planteada que realizará en su momento el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León", apostilla.

Rechazo al Gobierno

Por otra parte, la Junta destaca que la Fiscalía ha rechazado la petición del Gobierno central, que había archivado la denuncia presentada por la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 que cuestionaba la legalidad del torneo podía suponer una infracción penal.

El Fiscal de Sala de Medio Ambiente, de la Fiscalía General del Estado, considera que no existen indicios de la comisión de ningún delito y manifiesta que se trata de una cuestión de naturaleza estrictamente administrativa que corresponde dilucidar a los tribunales de lo Contencioso administrativo, apuntando que ya estaba en conocimiento de ello el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.