Condenan a una residencia de Valladolid a pagar más de 150.000 euros por la muerte de un anciano

La Audiencia Provincial de Valladolid, mediante sentencia de fecha 2 de septiembre de 2022 ha confirmado la condena del Juzgado de Primera Instancia de nº 1 de Valladolid a la Residencia La Saleta Care S.L y a u aseguradora Axa Seguros Generales, al pago de 159.408,38 euros más los intereses moratorios para la aseguradora, al considerar a la residencia responsable del fallecimiento de l.S.R por una falta de la debida atención durante el tiempo que estuvo ingresado en la residencia que fue inferior a un mes.  

L. S. R, de 70 años de edad falleció en el Hospital Universitario Rio Hortega de Valladolid el día 15 de enero de 2020, con el diagnóstico principal de deshidratación grave y fracaso renal agudo prerrenal, habiendo ingresado en tal centro hospitalario el día 9 de enero de 2020 por deshidratación con signos de infección.

Esa deshidratación se fue manifestando desde el ingreso del anciano el día 17 de diciembre de 2019 en la Residencia La Saeta Care S.L y se agravó significativamente durante los primeros días de enero de 2020 cuando el anciano, diagnosticado de enfermedad de parkinson adoptó una actitud de rechazo a la toma de la alimentación y de la medicación del Parkinson, con una notoria pérdida de peso, y un empeoramiento severo, que le abocó a no ser capaz de comer solo ni tragar.

Ante ese deterioro alarmante y ciertamente de muy rápida evolución, los responsables de la residencia no adoptaron ninguna medida adicional más allá de al parecer intentar disimular la medicación machacándola.

La Audiencia Provincial de Valladolid, acoge los argumentos del Juez de Primera Instancia que declaró la existencia de un grave incumplimiento de las obligaciones asumidas por la residencia en cuanto a los cuidados esperables del residente, como el apoyo a las actividades cotidianas, que es de mayor intensidad respecto de las personas dependientes como era L.S.R. Y esa negligencia está causalmente relacionada con el óbito del residente pues la causa de la muerte fue esencialmente la deshidratación a la que se llegó por la falta de esos cuidados.

La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, destaca que con sentencias como estas se "dignifica a nuestros ancianos dándoles el valor y lugar que deben ocupar en nuestra sociedad". "Un sector cuyas vidas suele ser minimizado cuando la realidad es que los mayores siguen representando los valores y las tradiciones de nuestra sociedad. Su vida, su existencia, igual que la de los jóvenes es un bien jurídico que proteger", señala en un comunicado remitido a este periódico.

"Y este bien jurídico no es distinto cuando se trata de una persona joven. Es el mismo bien jurídico el que merece tal grado de protección, sin distinción, ya se trate de una persona joven, o de un anciano", añade.

Las residencias de ancianos cobran "altas cantidades económicas" por el cuidado de los ancianos y asumen la obligación de velar por ellos y cuidarlos. Las familias confían en su diligencia y tiene legitimas expectativas de confianza en la seguridad para sus seres queridos. "Que un anciano llegara en las condiciones que llegó L.S.R a un centro hospitalario es un acto cruel e inhumano que no puede ser consentido de ninguna manera", finaliza.