La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral ante la Audiencia de Valladolid, en un pleito que se va a celebrar el próximo 20 de septiembre, desde las 10.00 horas de la mañana, contra Jonathan I.R. que está acusado de dos delitos, uno por tráfico de drogas y otro contra la seguridad vial y se pide para él una pena de prisión de 5 años y medio de cárcel.

Jonathan I.R., como apunta el escrito de acusación al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, fue condenado por sentencia del 3 de diciembre de 2014, como autor de un delito de tráfico de drogas a una pena de tres años y cuatro meses de prisión y multa que acabó extinguiéndose el 25 de febrero de 2022. También, por sentencia firme de fecha 24 de octubre de 2022, como autor de delito de conducir vehículos a motor sin licencia para ello a pena de 8 meses de multa.

El texto asegura que, sobre las 18.00 horas del día 21 de septiembre del año 2022 fue interceptado en el parking del IES Jiménez Lozano, situado en la calle Felipe Ruiz Martín de Valladolid, después de que intentara sustraerse a un control policial establecido en la calle Ciudad de la Habana, arrojando a una zona de arbustos una bolsa que contenía en su interior 18,26 gramos netos de cocaína con una riqueza del 76,61% y un valor de mercado que alcanzaba los 2.025,05 euros. También con 0,7 gramos de cannabis con un valor de mercado de 6,36 euros, sustancias que el acusado pensaba destinar a su venta a terceras personas.

En el momento de la detención se le intervinieron además 1.000 euros enrollados con una goma y otros 200 euros en billetes de 50 euros que provenían de la venta.

El día de los hechos, el acusado se aproximó al control policial mencionado, pilotando una moto de su titularidad, que estacionó previamente a darse a la fuga, pese a que carecía de permiso de conducir que le habilitara para ello, al no haberlo conseguido nunca.

El Fiscal asegura que los hechos constituyen un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancia que causa un grave daño a la salud y también un delito contra la seguridad vial.

El escrito añade que procede imponer al acusado una pena de cinco años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante dicho tiempo y una multa de 6.000 euros, con arresto personal subsidiario en caso de impago de un día de prisión por cada 50 euros, por el delito de tráfico de drogas y la pena de 6 meses meses de prisión con idéntica accesoria por el delito contra la seguridad vial.