El ministerio fiscal pide tres años de prisión para el dueño y cocinero de un bar de Valladolid por un presunto delito contra la salud pública después de descubrir varias drogas en el interior del local. Un juicio que se va a celebrar el 6 de marzo en la Audiencia de Valladolid.

El escrito de la Fiscalía dirige su acusación contra José Roberto. F.A., nacido en Valladolid en el año 1969, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia en la causa presente.

El texto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, apunta que sobre la 1 del 15 de octubre del año 2022, tuvo lugar, dentro del Plan de Respuesta al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas en zonas de Ocio y Diversión, un registro en un bar que se ubica en la calle Monasterio de San Millán de la Cogolla, fruto del cual se intervinieron al encausado, en calidad de dueño y cocinero de dicho establecimiento hostelero varios efectos.

Entre ellos, como apunta dicho escrito de acusación, se consiguieron intervenir un bote de spray de marca 600 Burner Chrome, desmontable con compartimento oculto, con siete bolsitas blancas anudadas con alambre verde de jardinería con una sustancia blanca en polvo. También un rollo de alambre verde de jardinería, nueve recortes circulares de plástico, unas tijeras, y, además, una báscula de presión marca Tangen con el número de serie KP-103. También una bolsita blanca anudada con alambre verde de jardinería con una sustancia blanca en polco y una lata de refresco roja con compartimento oculto vacía en su interior.

El escrito de Fiscalía apunta que la sustancia blanca resultó ser cocaína con un peso neto de 7,79 gramos y una pureza del 41,25%. Las sustancias pertenecían al encausado y tenía como finalidad su transmisión a terceros.

La sustancia, como reza dicho escrito, que se le intervino al profesional hostelero, habría alcanzado un valor, de 981,11 euros.

Los hechos narrados constituyen un delito contra la salud pública en la modalidad de venta de sustancias estupefacientes que causan grave daño a la salud y el Ministerio Fiscal pide para el acusado una pena de 3 años de prisión y también la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. También una multa de 2900 euros, con arresto subsidiario en caso de impago de un día de prisión por cada 50 euros y abono de las costas procesales.