Se enfrenta a tres años de cárcel tras encontrarse droga en un bar de Valladolid

La Audiencia de Valladolid va a celebrar este viernes, 10 de mayo, juicio contra un hombre acusado de un delito contra la salud pública para el que pide 3 años de cárcel.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León dirige su mirada contra J.R.F.. Asegura que, sobre las 21.30 horas del 21 de junio de 2023, tuvo lugar, dentro del Plan de Respuesta al Tráfico y Consumo de Drogas en zonas de ocio, un registro en un bar ubicado en la calle Monasterio San Millán de la Cogolla, que era propiedad del acusado.

Previamente accedieron al local, de paisano, dos agentes de la Policía Nacional que vieron que, cuando el acusado detectó la presencia policial uniformada, le hizo claras indicaciones al cocinero mientras le decía: “la coca”.

Fruto de la actuación se intervinieron, al encausado, en calidad de dueño del establecimiento y en la zona de la cocina encima de unas estanterías, cinco envoltorios blancos con alambre verde y sustancia en polvo blanca.

También, tras desmontar la cisterna y como apunta el escrito de acusación de la Fiscalía, se pudieron encontrar nueve recortes circulares de plástico con restos de una sustancia de iguales características y cinco trozos de alambre.

En el cacheo se le localizó al encausado 2.085 euros repartidos en billetes. Se constató que la sustancia intervenida era cocaína, teniendo la contenida en los cinco envoltorios un peso neto de 1,82 gramos y pureza del 74,82% y existiendo restos de cocína en los nueve envoltorios localizados tras el inodoro, cuyo peso bruto era de 3,55 gramos.

El escrito de acusación apunta que las sustancias incautadas pertenecíanal encausado y que tenía, como finalidad, su "transmisión a terceros". En total, su valor habría alcanzado los 417,15 euros en el mercado ilícito.

Los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública en su modalidad de venta de sustancias estupefacientes.

La Fiscalía pide para el hombre que se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados una pena de 3 años de prisión y la accesoria inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. También una multa de 1.251 euros, con arresto subsidiario en caso de impago de un día de prisión por cada 50 euros y abono de las costas procesales.