El Pleno de la Diputación Provincial de Zamora ha aprobado este viernes un convenio con la Junta de Castilla y León para solucionar el problema que se viene ocasionando con las escombreras ilegales en los distintos municipios. El convenio se ha sellado con un importe por parte de la administración regional de 1,4 millones de euros y unos 500.000 euros de la Diputación repartidos, hasta el año 2019, en tres cuantías anuales, la primera de 100.000 euros y las dos siguientes de 200.000 euros cada una.

Además, ambas instituciones pretenden implicar a los ayuntamientos de las localidades afectadas, es el caso de los primeros ocho municipios, que cuentan con denuncias, y que serán los primeros en los que se lleven a cabo estas actuaciones.

En este sentido, todos los grupos políticos se han mostrado en total acuerdo con este convenio, pero si que han expuesto alguna que otra aportación. Es el caso de David Carrión, portavoz de Ciudadanos,que se ha mostrado conforme con esta actividad pero que ha añadido la necesidad de concienciar a la sociedad zamorana de este problema y ha pedido la unión al convenio de una campaña de concienciación.

A su vez, Laura Rivera, portavoz de IU, ha manifestado que es un "buen convenio", pero ha expuesto como condicionante que no se sabe cuánto van a tener que pagar los municipios beneficiarios de este proyecto. Por su parte, Antonio Plaza, del PSOE, ha destacado la gran importancia de la desaparición de estos "depósitos ilegales" para la "recuperación ambiental".

Con todos los turnos de palabra consumidos, dicha cuestión ha salido adelantes con el voto de todos los grupos a favor excepto los de IU, que se han abstenido al no considerar suficientes las expliaciones del grupo municipal popular ante el papel que tomarán los ayuntamientos de estos municipios.

Por último, Aurelio Tomás, ha explicado el papel que realizará la Junta en este asunto, que será la de realizar las obras y "resaturar la zona degradada", mientras que la Diputación pondrá los contenedores en las zonas indicadas. Asimismo, ha destacado que los Ayuntamientos deberán pagar una cantidad para sufragar los gastos que esto conlleva.

En otro aspecto de este asunto de escombreras ilegales, Aurelio Tomás ha manifestado su idea de que con el tiempo se realice una amplia recogida provincial con ciertas tarifas.