El interventor del Ayuntamiento de Zamora descargó expedientes del caso Raga para ayudar a Vega

El caso Raga escribe este miércoles una nueva página en el entramado de corrupción en torno al Servicio de Parques y Jardines de Zamora y su exjefe, Alberto Vega. Un escándalo de fraude y malversación del que es víctima el Ayuntamiento de Zamora hasta el punto de que, supuestamente, de él sería partícipe el propio interventor del Consistorio, Francisco Javier López Parada.

 El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha hecho público este mediodía que el Ayuntamiento ha presentado una denuncia ante el Juzgado número 6 de Zamora contra el interventor municipal por su presunta colaboración con Alberto Vega durante la investigación policial que pesa sobre el exjefe de Parques y Jardines.

En base a los informes facilitados por la Policía Judicial (UDEV) al Consistorio zamorano, el equipo de Gobierno ha presentado una denuncia los Juzgados de Zamora por lo que parece un trabajo de asesoramiento del interventor a Alberto Vega, aportando material sensible sobre el caso y ayudando así al exjefe en su defensa judicial, incluso antes de su detención. En concreto, una investigación interna del propio Ayuntamiento revelaba que Francisco Javier López Parada habría accedido "en numerosísimas ocasiones" al expediente relacionado con el entramado de corrupción del Grupo Raga, con todos los detalles e informes que utiliza la UDEV para investigar el caso, y a varios archivos adicionales también relevantes para el entramado.

 Francisco Guarido también ha adelantado que se ha presentado una denuncia ante la Consejería de Presidencia y la Dirección General de la Administración Local de la Junta de Castilla y León, por lo que podría ser una falta grave como empleado público, según el artículo 82 de la Ley de Función Pública. Esta detalla, entre otras, como falta grave el abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, la tolerancia de los superiores respecto a la comisión de faltas muy graves o graves de sus subordinados, la obstaculización o impedimento del ejercicio de las funciones de sus compañeros o subordinados, así como los actos, omisiones o conductas de cualquier naturaleza dirigidos a conseguir el desprestigio de aquellos, tanto en el ámbito personal como en el laboral, las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen un daño a la Administración, a los administrados o a los compañeros o el incumplimiento del deber de reserva profesional, en lo que se refiere a los asuntos que conozca por razón de su cargo, si causa perjuicio a la Administración o se utiliza en beneficio propio.

Descarga de informes durante su baja médica

Los informes emitidos por la Policía Judicial el 23 y el 28 de agosto sobre el caso Raga y la implicación del interventor indican que "existe cierta relación personal" con Alberto Vega y es este quién asesora al exjefe de Parques y Jardines, pese a ser "el responsable del control financiero del Ayuntamiento y quién debía haber detectado estos fraudes por parte de Alberto Vega". El registro informático del propio Consistorio zamorano ha relevado que Francisco Javier López Parada habría accedido a la plataforma de expedientes Gestiona (dónde se almacenan todos los informes y contratos del Ayuntamiento) para descargar multitud de material sensible y relacionado con la investigación en torno al fraude, cohecho, falsedad documental y malversación que pesa sobre Alberto Vega. Unos hechos que habría cometido "durante una baja laboral y sin causas profesionales que lo justifiquen". Las investigaciones judiciales apuntan a que estos habrían sido entregados al exjefe de Parques y Jardines "otorgando al investigado una sensible ventaja" en su defensa judicial, "incluso antes de su detención". Una información que contenía expedientes completos sobre las gestiones de la UDEV y del propio Ayuntamiento sobre el caso con material "muy sensible y restringido". 

 Las investigaciones policiales concluyen que "no se trataban de consultas al azar, sino reiteradas e interesadas para tener un conocimiento actualizado del caso". Esto acreditaría para los agentes "una actitud proactiva" con la consulta constante de expedientes de información reservadas para investigación judicial, "que podría haber llevado a la preparación de la defensa judicial de Alberto Vega previamente a su detención".

 A esto se suma que, cuando en el 5 de octubre de 2020 la viceinterventora del Ayuntamiento de Zamora denunciaba ante los Juzgados de Zamora un uso fraudulento de más de 20.000 euros en la tarjeta de combustible del Servicio de Parques y Jardines, para viajes privados y otros gastos de Alberto Vega, la Policía atestigua que el interventor habría interferido en la búsqueda de información sobre este fraude a las arcas públicas, "con la apariencia de querer desactivar la denuncia que la viceinterventora quería hacer y que aportaba con pruebas suficientes". Además, Francisco Javier López Parada realizó informes para contradecir a los de la viceinterventora, en los que aseguraba que el fraude con las tarjetas de combustible "no podía imputarse a una persona en concreto". Esto dejaría ver, según la Policía Judicial, "un presunto encubrimiento de hechos delictivos".

Un agravio para la gestión del Ayuntamiento

Francisco Guarido ha indicado que, tras conocer las gestiones que el interventor ha realizado dentro de la plataforma de expedientes, su perfil ha sido dado de baja impidiendo su acceso. Cabe recordar que, Francisco Javier López Parada continúa de baja médica y tendrá que ser la Junta de Castilla y León quien "ejerza su responsabilidad" y autorice un expediente disciplinario para su suspensión. El alcalde de Zamora ha aprovechado para recordar que el Ayuntamiento ya propuso un expediente disciplinario al interventor "y la Junta decidió revocar el expediente". 

Guarido no ha querido entrar a valorar por que tipo de delitos debe ser acusado el interventor, "solo queremos que se investiguen", ha remarcado. Mientras, el alcalde de Zamora ha explicado que la propia Policía Judicial asegura que el Consistorio se ha visto afectado en su gestión municipal por los actos del interventor, ya que "es evidente que si un funcionario que debe dedicarse a la fiscalización municipal comete estos actos, esto supone un daño moral y cuantificable" para el Ayuntamiento. "La Intervención Municipal es un aparato fundamental para asuntos como fiscalizar obras, y al no contar con ese apoyo nos vemos afectados y mermados", ha lamentado Guarido.

Por último, el alcalde de Zamora ha recordado que su equipo de Gobierno está "cumpliendo con su obligación, con el valor moral y convencimiento de lo que hacemos y estamos obligados a hacer". Guarido ha recordado que "estás cosas vienen de atrás" y suponen un retraso en el resto de sus funciones como servidores públicos "porque cuesta mucho sacarlas adelante". Pero él y su equipo, asegura, está "convencido de que hay cosas que están por encima de todo y es llegar hasta el final, que se impida la corrupción y cuando salgamos de este Ayuntamiento sea un espacio limpio y transparente".