El PP de Zamora critica al Gobierno tras el fallo del Constitucional sobre las plusvalías
Aseguran que "los vecinos no deben ser los pagadores de la inacción del Ejecutivo"
27 octubre, 2021 20:36El Partido Popular de Zamora denuncia la "desidia y la pasividad del Gobierno del Partido Socialista y sus socios de Podemos e Izquierda Unida ante los informes que alertaban de la inconstitucionalidad de las plusvalías que pone en peligro la prestación de muchos servicios públicos a los vecinos por parte de los ayuntamientos".
El presidente provincial, José María Barrios Tejero, recalca que “el fallo del Tribunal Constitucional se veía venir y aun así el Gobierno tripartito de Sánchez no ha hecho nada al respecto, y ahora tiene que actuar deprisa y corriendo, como siempre”.
Por ello, José María Barrios añade que el Partido Popular reclamará al Gobierno un fondo de compensación que sirva para "paliar la pérdida de ingresos de los ayuntamientos tras la sentencia que declara inconstitucional el impuesto de plusvalía municipal que supone una fuente importante de financiación para que los ayuntamientos puedan seguir prestando servicios públicos como alumbrado, guarderías municipales, etcétera, como han venido haciendo hasta ahora".
Del mismo modo, señala que "el Gobierno tripartito de izquierdas, con sus políticas anti municipalistas, ha sido incapaz de aprobar en tres años una norma que dé seguridad jurídica sobre este asunto, por lo que el PP solicitará la comparecencia de la ministra de Hacienda, pedirá una reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local y una junta extraordinaria de la FEMP".
José María Barrios considera que los ayuntamientos "no deben pagar la inacción y la nefasta gestión del gobierno que preside Pedro Sánchez con la connivencia de sus socios radicales de Podemos e Izquierda Unida".
Finalmente, el presidente provincial recuerda que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados presentó una Proposición No de Ley en febrero del 2018 para modificar este tributo, menos de un año después de que el Tribunal Constitucional emitiera una sentencia que pedía al regulador que modificase la Ley vigente en esa fecha. “Una iniciativa que decayó con la convocatoria de electoral y desde entonces el Gobierno no ha movido un dedo al respecto”, concluye.