Recientemente se ha recibido un auto de la Audiencia Provincial y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León favorables al Ayuntamiento de Zamora y que tienen que ver con los hechos acaecidos con el exjefe del Servicio de Parques y Jardines.
El auto de la Audiencia Provincial da la razón al Ayuntamiento de Zamora para que se enjuicie en vista oral el hecho de intento de estafa por parte de una empresaria gallega relacionada con el mencionado exjefe de Parques y Jardines, estafa que consistió en presentar una factura por unos juegos infantiles que nunca se pusieron en su totalidad en la Plaza de Belén, hechos que fueron analizados minuciosamente por la UDEV. El auto rechaza las pretensiones del ex jefe de Parques y Jardines, Alberto Vega, que es quien recurre, en los siguientes términos:
"Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Alberto Ángel Vega Vicente, contra el auto de fecha 14/3/2022, aclarado por auto de fecha 31/03/2022, dictado por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Zamora, que acordó seguir las diligencias por los trámites del Procedimiento Abreviado".
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que se ha recibido hace un par de días cierra definitivamente el tema de la suspensión de empleo y sueldo del ex Jefe de Parques y Jardines en el sentido de lo decretado por el Ayuntamiento de Zamora. Dicho funcionario recurrió la sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Zamora, favorable al decreto de suspensión de empleo y sueldo, pretendiendo seguir cobrando o, en todo caso, que la suspensión fuera por un máximo de 6 meses.
La Sentencia del TSJ ratifica que la suspensión sea por el tiempo que dure la instrucción, con condena en costas y, posteriormente, en las condiciones que diga la futura sentencia. Y ello en base a los presuntos delitos cometidos, dada la "gravedad de los hechos", en los siguientes términos:
"La medida adoptada se considera proporcional y necesaria dada la gravedad de los hechos por los que se sigue el procedimiento penal contra el apelante y su vinculación con el ejercicio de funciones que desarrolla con evidente impacto en los intereses públicos cuya defensa corresponde al Ayuntamiento.
Téngase en cuenta que los hechos por los que se sigue el procedimiento penal se refieren a presuntas falsificaciones documentales en innumerables contrataciones administrativas, todas ellas, vinculadas y dentro del área material de parques y jardines, a que el Ayuntamiento ha pagado innumerables prestaciones, suministros y obras, que estaban presuntamente infladas, o no se habían realizado, o se efectuaban suministros innecesarios a un precio exorbitado o se compraban suministros dos veces sobre los mismos objetos".