Una gestoría en Valladolid ayuda a falsificar un contrato de compraventa de un coche en Zamora

La Guardia Civil de Zamora investiga a tres personas por un presunto delito de falsedad documental en relación con la venta de un vehículo a motor. El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico del Subsector de Tráfico comenzaron a investigar una supuesta falsificación en un contrato de compraventa entre particulares en octubre del año pasado.

La investigación se inició después de que la antigua propietaria del vehículo recibiera una infracción administrativa por no haber sometido su coche a la Inspección Técnica de Vehículos. La propietaria alegó que había vendido el vehículo a otra persona y presentó un contrato de compraventa que difería del que constaba en la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora.

Tras esto, la Guardia Civil descubrió que la propietaria original había vendido el vehículo a una segunda persona, quien a su vez lo vendió a una tercera persona residente en Zamora. Ambas ventas se formalizaron mediante contratos de compraventa que nunca se entregaron en la Jefatura Provincial de Tráfico, y el único contrato que constaba en los registros era el que había sido presentado por la propietaria original, con la madre del residente en Zamora. Las dos mujeres nunca llegaron a estar en contacto entre sí para realizar la gestión.

Después de meses de pesquisas, se dieron por finalizadas las diligencias el 17 de marzo de 2023 tras la investigación del último de los tres posibles responsables de un delito de falsedad documental. Uno de los investigados es un administrativo de una gestoría en Valladolid, quien actuó como cooperador necesario en la falsificación del contrato de compraventa y mandato de representación. Los otros dos investigados son los actuales propietarios del vehículo en cuestión y residen en la provincia de Zamora.

Todos los investigados, así como las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid. El vigente Código Penal establece para los autores de estas conductas delictivas una pena de prisión de seis meses a dos años.