Más del 28% de los trabajadores zamoranos, es decir, unos 21.200, se jubilarán en los próximos diez años, sumando las administraciones y la empresa privada.  En el caso de los empleados públicos, serán unos 4.800, casi un 45%, los que dejarán su actividad laboral. Así lo ha recordado CSIF en la jornada sobre ‘El futuro de las pensiones de jubilación: régimen general y clases pasivas’ celebrada este martes, en la que el secretario nacional de Acción Sindical, Francisco Lama, ha afirmado que “vamos a exigir al nuevo Gobierno de España unas pensiones públicas dignas, y que las clases pasivas reciban el mismo tratamiento económico que las del Régimen General”.

   La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama “el inicio de la tramitación de la jubilación anticipada para grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean “de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica o peligrosa”, como sanitarios o bomberos forestales, entre otros. Asimismo, se pide que se regule la jubilación parcial para el personal funcionario o estatutario, que actualmente no disponen de esa posibilidad.

   El sindicato independiente insiste en la necesidad de incrementar los haberes regulares de las pensiones de las clases pasivas, y un porcentaje adicional del 5% anual para quien decida prolongar su vida laboral. Se pide la aplicación del complemento de la brecha de género a las jubilaciones parciales y voluntarias, que deben darse a todos los trabajadores, también a funcionario y estatutarios. Además, se exige que las clases pasivas también se beneficien del refuerzo de la cobertura del periodo de excedencia por cuidados familiares.

  El secretario nacional de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, ha recordado en la jornada que el sistema público de pensiones ha tenido tres grandes reformas desde 2011 (todas con apoyo de los sindicatos de clase). Primero se amplió la edad de jubilación de 65 a 67 años; posteriormente la reforma de 2021 penalizó las jubilaciones voluntarias y, por último, en 2023 se aumentaron los años de cotización a efectos del cálculo de la pensión y se regularon nuevos gravámenes para las personas trabajadoras.

   Respecto a los empleados de clases pasivas activos en la provincia, que suman 2.390, un 17% podrían jubilarse ya por edad (más de 60 años), si bien algunos quizás no tengan los 35 años cotizados necesarios.

   En cualquier caso, CSIF urge la necesidad de que las administraciones estén muy pendientes de las jubilaciones que se van produciendo en la próxima década, con la pérdida de cientos de puestos que no se sustituyen, para no reducir aún más las plantillas. Por eso, reclama que se cubran las Relaciones de Puesto de Trabajo (RPT), y se lleven a cabo las ofertas de empleo público de una manera puntual y “generosa”, para no estrangular la gestión de los diferentes servicios y, por tanto, la correcta atención a los ciudadanos.

   En el caso de la Administración General del Estado (AGE), Zamora ha perdido una quinta parte de los funcionarios (100 de 500), y un 60% del personal laboral (65 de 100). “La sangría es gravísima en las plantillas de los servicios estatales, lo que exige que el Gobierno tome decisiones rápidas para recuperar las plantillas”, remarca el presidente del sector de AGE de CSIF Castilla y León, Juan Carlos González.