El líder de Vox, Santiago Abascal, agitaba el pasado viernes el avispero político pidiendo a sus cargos regionales que gobiernan en coalición con el Partido Popular pongan "todo lo que está en su mano" para obligar a los populares a cumplir los compromisos cerrados en materia de inmigración. 

Tras la Asamblea General Ordinaria de Vox, Abascal presionaba a sus pesos pesados, como Juan García Gallardo, para que rompieran los pactos regionales con el PP si estos no se negaban a acoger extranjeros en situación ilegal llegados de Canarias, como planea el Gobierno de España. 

A la amenaza velada de Abascal, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, como responsable en materia de inmigración, se ha limitado a recordar una vez más que Castilla y León es una comunidad autónoma "solidaria y de acogida". Y sin entrar en polémica con el líder de Vox ha asegurado que "vamos a seguir trabajando personas más vulnerables y que lo necesitan".

Isabel Blanco se remitió a las declaraciones que había ofrecido horas antes del aviso de Abascal, donde recordó que Castilla y León ya ha atendido con anterioridad a menores migrantes, como en el caso de los ucranianos como "una tierra de acogida". 

En esas mismas declaraciones, también ha pedido al Gobierno de España que respete las competencias de las comunidades en materia de inmigración, aunque la política migratoria sea competencia del Estado. Isabel Blanco pedía entonces llegar a un consenso entre comunidades y el Ejecutivo y no por "la imposición" o por una negociación bilateral, en referencia a la petición de Junts de que Cataluña quede excluida.

Sin embargo, la consejera de Familia admitió que desconocen el contenido de la proposición de ley o decreto para realizar una reforma legal que obligue a las comunidades, al superarse un cupo, como sucede ahora en Canarias que no puede atender a los llegados al archipiélago a asumir una parte de los migrantes menores no acompañados.