Castilla y León
El plan 20-30 del ministro de Justicia perjudicará a CyL según CCOO
Comisiones Obreras en Castilla y León ha recordado al nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que cerrar los registros civiles de las pequeñas localidades y quitar partidos judiciales no mejorará la Justicia y, desde luego, no hará que sea "un servicio público que los ciudadanos sientan como propio y cercano".
El Ministro, que ya fue Secretario de Estado cuando se elaboró la Ley 20/2011, del Registro Civil, ha presentado ante la Comisión de Justicia del Congreso lo que ha llamado el plan 20-30 para la Administración de Justicia, en el que, según denuncia CCOO, se vuelve a incidir en las cuestiones que ya se han demostrado perjudiciales para el sistema judicial, especialmente de Castilla y León.
El Sector de Justicia del sindicato que preside Vicente Andrés critica una propuesta que vuelve a plantear la eliminación de partidos judiciales y de los registros civiles como servicio público próximo al ciudadano y que propone como solución la creación de las nuevas oficinas judiciales que están suponiendo un problema añadido allí donde se han implantado.
Además critica que el ministro presente sus planes para mejorar la Justicia y no haga ni una sola mención relativa a su personal.
Comisiones Obreras entiende que cualquier propuesta responsable de reforma judicial debería empezar por reconocer y abordar las graves carencias personales y materiales de la Justicia.
El delegado de CCOO en el sector de Justicia, Raúl Franco, a través de un comunicado recogido por Europa Press, considera que Castilla y León estará muy perjudicada por el Plan presentado por un ministro "que piensa que todo el mundo vive en las grandes ciudades, con acceso a las nuevas tecnologías, sin tener en cuenta la dispersión de población, la elevada edad de la misma en nuestros pueblos, y la extensión territorial".
Franco recuerda que Castilla y León cuenta con 41 partidos judiciales y con 302 unidades judiciales que cubren la amplia geografía regional y que permiten que la administración de Justicia esté cercana a una población muy dispersa. "Cualquier reforma de esta estructura restará aún más servicios a nuestros pueblos y agravará la despoblación que ya está sufriendo la Comunidad", concluye el sindicalista.
