Pactan condenas por crear empresas pantallas en Rueda para defraudar

Los cuatro ciudadanos de origen rumano acusados de un delito de fraude a la Seguridad Social, al crear empresas agrícolas pantalla con sede en Rueda (Valladolid) con las que dejaron una deuda de casi 60.000, han reconocido su culpa y han sido condenados con penas de cárcel, multas que suman 290.000 euros y con la obligación de indemnizar a la TGSS con la cantidad defraudada, más los intereses correspondientes.

La confesión de los hechos ha permitido a los encausados obtener una sustancial rebaja de las penas privativas de libertad, al pasar de un global de 14 años a tan solo a cinco años, de ellos dos asumidos por el 'cerebro' de la trama, I.C, mientras que sus otros tres compañeros de banquillo se han conformado con un año cada uno, éstos últimos en calidad de cooperadores necesarios, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Además, el principal inculpado deberá abonar una multa de 116.000 euros y los otros tres 58.000 cada uno, junto con la obligación de los cuatro, en concepto de responsabilidad civil, de indemnizar a la TGSS en la cantidad de 57.798 euros, más los intereses correspondientes.

Asimismo, el 'cabecilla' ha aceptado la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales por un periodo de cuatro años, situación que en el caso de los otros tres se reducirá a un plazo de dos años.

Los hechos por los que han sido condenados ya por sentencia firme se remontan al mes de agosto de 2013 cuando I.C, quien venía prestando servicios agrícolas-recolección, viñedo, cultivo...--para diversos agricultores, urdió un plan directamente encaminado a defraudar a la Tesorería General de la S.S. al generar con ésta una deuda que no tenía intención de pagar.

El plan consistía en la creación de sucesivas empresas individuales, hasta un total de cinco radicadas en Rueda, con similar plantilla y actividad entre ellas, pero que puso a nombre de distintos familiares a los que daba de alta como autónomos y empresarios individuales, evitando así aparecer como deudor, pese a que seguía siendo el administrador de hecho de las citadas mercantiles.

Una vez que estas empresas acumulaban deudas, I.C. las cerraba o dejaban sin actividad de hecho, continuando con idéntica actividad bajo la apariencia de la constitución de otra empresa, y así hasta acumular un impago a la TGSS de casi 60.000 euros.