El Juzgado da la razón a CSIF: Ayuda Domiciliaria de León dotará de medios de protección a sus empleadas

El Juzgado de lo Social número 3 de León da la razón a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), y en un auto requiere al Ayuntamiento de León y a la empresa adjudicataria del servicio municipal de Ayuda Domiciliaria a poner a disposición de las trabajadoras, en el “tiempo mínimo imprescindible”, los medios y material de protección necesarios para realizar su labor, a fin de evitar el riesgo de contagio del coronavirus en las propias empleadas y en los usuarios que atienden, que son mayores y, por tanto, personas vulnerables y de alto riesgo. CSIF destaca la trascendencia de esta resolución y el aviso que supone para otros ayuntamientos y otros servicios de ayuda domiciliaria.

Los servicios jurídicos de CSIF presentaron el miércoles 25 un escrito ante el Juzgado de lo Social, solicitando medidas cautelarísimas en materia de derechos fundamentales, en concreto al derecho a la vida y a la integridad física y en materia de prevención de riesgos laborales, por no poner a disposición de las trabajadoras mecanismos de protección que preserven su salud.

La presidenta del comité de empresa y representante de CSIF, Sonsoles Fernández, califica este auto de “muy importante, ejemplarizante, y un serio aviso para todos los ayuntamientos que tienen servicio de ayuda domiciliaria, ya que nuestra denuncia es también la queja generalizada de las trabajadoras de otros servicios como el nuestro”.

El viernes 13, el comité pidió tanto al Ayuntamiento como a la empresa que activaran algún tipo de protocolo, y que dotaran a las auxiliares del material de protección necesario para minimizar los riesgos de contagio del coronavirus, “ya que trabajamos con los guantes y bata habituales, ante un colectivo muy vulnerable, y teniendo en cuenta que una misma auxiliar puede atender a la semana hasta 15 usuarios”, recuerda Sonsoles Fernández. Ante la falta de respuesta, CSIF presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo el día 16, denuncia que fue remitida a la Subdelegación del Gobierno el día 18.

Y ante la reiteración de falta de respuesta, el día 21 CSIF volvió a presentar la denuncia ante Inspección de Trabajo y ante el Ministerio de Sanidad, que también remitió a la Subdelegación del Gobierno. “Aun así, ni el Ayuntamiento de León ni la empresa Aralia facilitaron los equipos de protección individual (EPIs) necesarios, toda vez que se limitaron a entregar una serie de material notoriamente insuficiente” para las 107 empleadas, explica la responsable sindical, “lo que nos ha obligado a acudir al Juzgado de lo Social”.

Fue ayer miércoles 26 cuando el Juzgado de los Social número 3 de León dictó el auto que requiere, al Ayuntamiento de León y a la empresa Aralia S.A.D. León, a poner a disposición de las trabajadoras, “en el tiempo mínimo imprescindible, los medios de protección necesarios y en el número que resulte suficiente, a fin de preservar la salud de los mismos en la prestación de su trabajo y de los usuarios de los distintos domicilios, tales como guantes, mascarillas FFP2, batas, gafas antisalpicaduras y geles desinfectantes”.

De no ser posible aportar ese material “por escasez”, el Juzgado ha acordado “la obligación de la empresa de agrupar a los distintos usuarios exclusivamente en las trabajadoras que cuenten con todos los EPIS necesarios para el desempeño del trabajo”.

CSIF insiste en la urgencia y en la necesidad de que se dote a las auxiliares de ayuda a domicilio de material de protección suficiente que prevenga el riesgo de infección del coronavirus; y espera que, “de acuerdo con el propio auto y en cumplimiento de este, se provea de forma inmediata a las auxiliares de los medios de protección necesarios, y en el número que resulte suficiente, a fin de preservar su salud, en la prestación del trabajo, y la salud de los usuarios de los distintos domicilios”.