Zamora registra 2.190 ERTEs que afectan a 7.725 trabajadores de la provincia

La Junta ha recibido 32.767 solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) de empresas con centro/s de trabajo en Castilla y León desde el lunes, 16 de marzo, hasta las 14 horas de hoy miércoles, día 15, en el contexto de estado de alarma por coronavirus COVID-19. 

Estos expedientes, que desde el pasado martes se están registrando a través de la sede electrónica de la Junta, afectan a un número potencial de 184.401  trabajadores en la Comunidad.

En la provincia de Zamora se han solicitado 11 nuevas solicitudes de ERTEs desde ayer miércoles que afectan a 31 trabajadores más, por lo que el cómputo global en la provincia alcanza las 2.190 solicitudes y afecta a un total de 7.725  trabajadores. 

NOTA ACLARATORIA: conforme a la normativa vigente, la autoridad laboral competente para tramitar estos expedientes de regulación es:

- Las Oficinas Territoriales de Trabajo de Castilla y León, cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de una provincia.

- La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta, en tres supuestos: cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de una provincia, pero tenga más de 200 trabajadores afectados; cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de dos o más provincias de Castilla y León; y finalmente cuando el procedimiento afecte a trabajadores que desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo situados en el territorio de dos o más comunidades autónomas, pero el 85 % de la plantilla de la empresa, como mínimo, radique en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León y existan trabajadores afectados en la misma.

- El Ministerio con competencias en el ámbito laboral, cuando la empresa disponga de centros de trabajo en dos o más comunidades autónomas.