Ratificadas las penas de prisión y multas para cuatro acusados en Burgos de tráfico de drogas

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado este martes la resolución de la Audiencia Provincial de Burgos por la que se condena a cuatro hombres, F.J.G.H., G.L.A.G., M.D.C., y M.A.M.P, por tráfico de drogas.

De este modo, el Alto Tribunal de la Comunidad desestima el recurso de apelación interpuesto por los acusados, confirmando la sentencia anterior en todos sus términos, si bien contra este pronunciamiento cabe recurso de casación.

Los hechos se remontan a 2018 en la capital burgalesa, cuando la Policía Nacional iniciaba una investigación para determinar la posible intervención de uno de los acusados, M.D.C., con antecedentes penales por tráfico de drogas, en un delito de la misma naturaleza.

La investigación permitía a los agentes establecer una relación entre éste y otro de los acusados, F.J.G.H, que también contaba con antecedentes penales, y estaba vinculado a los otros dos acusados en la causa, G.L.A.G. y M.A.M.P.

En una de las jornadas de vigilancia, los policías comprobaron como F.J.G.H entregó a estos dos últimos acusados un paquete escondido en el cofre de una motocicleta, que resultó contener más de un kilogramo de anfetaminas con un precio estimado pericialmente de algo más de 13.200 euros.

La sentencia considera que G.L.A.G. y M.A.M.P. eran conocedores del contenido del paquete y que su destino final sería la distribución de la droga a terceros.

Por este tipo de actuaciones, que la Audiencia Provincial consideró probadas a largo del tiempo, se impusieron penas de seis años y un día de prisión y multas de 18.000 euros para cada uno de los acusados M.A.M.P y G.L.G., por sendos delitos contra la salud pública, con agravantes de daños.

Por su parte, a M.D.C se le impuso una pena de siete años de internamiento y una multa de 200.000 euros por un delito contra la salud pública, con el agravande de daño a la salud y el atenuante de drogadicción.

Finalmente, se establece una pena de ocho años de prisión y una multa de 300.000 euros para el cuarto acusado, F.J.G.H, como autor de un delito contra la salud pública, con el agravante de daños a la salud.

A estas pernas, se suma una indemnización que M.A.M.P y G.L.G tendrán que pagar de manera conjunta y por valor de 453 euros por los daños causados en un vehículo policial.