La Junta inicia una intensa campaña de vigilancia a los negocios para asegurar el cumplimiento de las medidas contra el Covid

La Consejería de Sanidad iniciará mañana, lunes 10 de agosto, una intensa campaña de vigilancia, control e inspección en diversos centros de trabajo y establecimientos de la Comunidad para comprobar el grado de cumplimiento de las medidas establecidas en la normativa del COVID-19. Se han programado un total de 11.695 inspecciones distribuidas por las nueve provincias.

Bajo la coordinación de los servicios de inspección de la Consejería de Sanidad, el objetivo de esta campaña, que se desarrollará a lo largo del mes de agosto, será la inspección y, en su caso, sanción en materia de salud pública en un amplio espectro de centros y establecimientos, que irán desde piscinas a mataderos y empresas e industrias alimentarias -incluidos sectores minoristas, tales como bares, restaurantes, carnicerías, distribución y venta alimentaria-, incluyendo en la vigilancia a establecimientos sanitarios, como las oficinas de farmacias.

En concreto, en la provincia de Ávila se van a realizar 964 controles; 3.255 en Burgos; 1.923 en León; 147 en la provincia de Palencia; 1.115 en la de Salamanca; 543 en la de Segovia; 1.015 en Soria; 1.630 en Valladolid; y 1.103 en la provincia de Zamora.

Conviene aclarar que esta actuación sanitaria es complementaria e independiente al plan anunciado la semana pasada en Consejo de Gobierno, cuya primera fase termina hoy, 9 de agosto, y se ha hecho en colaboración con la Consejería de Empleo e Industria y la Inspección del Ministerio de Trabajo.

El objeto de las visitas a los centros de trabajo por parte de los inspectores sanitarios a partir de mañana lunes es comprobar que las empresas y establecimientos de Castilla y León están adoptando las medidas de prevención, contención, seguridad e higiene frente a la pandemia, reguladas tanto por la normativa estatal –a través del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio–, como por la autonómica –mediante el Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, adoptado por el Consejo de Gobierno, además de la Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria–.

Entre las medidas más relevantes cabe destacar el deber de las empresas de mantener una distancia mínima de seguridad de 1,5 metros entre sus empleados o, si esto no resulta posible, de facilitarles los equipos de protección adecuados. El uso de mascarilla también es obligatorio.

En los centros productivos debe garantizarse, asimismo, la ventilación, limpieza e higiene de las dependencias, la provisión de hidrogeles, la reordenación de los turnos para evitar la coincidencia masiva de personas –ya sean clientes o trabajadores– y el fomento del teletrabajo.

El Ejecutivo de Castilla y León marca también limitaciones en los aforos y establece unas pautas para el uso de instalaciones comunes –como ascensores, aseos, vestuarios, probadores o salas de lactancia–, así como directrices para la desinfección de locales, uniformes y ropa de trabajo.